Declaraciones y comunicados

Declaración del Grupo de Trabajo El istmo centroamericano: repensando los centros, en denuncia al asesinato de Jerhy Rivera Rivera

 “…porque a veces nace un hombre en una tierra que es esa tierra. Y la tierra en que es enterrado ese hombre es ese hombre. Y los hombres que después nacen de esa tierra son ese hombre…” Hora Cero, 1971, Ernesto Cardenal

El GT El Istmo Centroamericano: repensando los centros y la red O Istmo, denuncia y repudia un nuevo asesinato de un líder indígena en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas en Costa Rica, a menos de un año del asesinato de Sergio Rojas Ortiz.

Jerhy Rivera Rivera, líder e indígena brörán es asesinado la noche del 24 de febrero del 2020 en el Territorio Indígena de Térraba, luego de que se había denunciado el acoso violento que recibió la comunidad durante las dos noches anteriores, por parte de finqueros organizados, poseedores ilegales de tierras indígenas que con amenazas y agresiones asediaron a las familias en su propia comunidad.  

Los Derechos Humanos y los derechos colectivos de las personas indígenas están siendo vulnerados en el país centroamericano que ostenta una larga tradición civilista y democrática.  Hay una separación cuando se trata de los pueblos indígenas ya que a pesar de contar con instrumentos jurídicos nacionales e internaciones, (Ley N° 6172 de 1977, que asegura las tierras para los indígenas, la ratificación del Convenio 169 de la OIT en 1993, y las aprobaciones de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, en 2007 y Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en 2016 ), estos han sido incumplidos constante e injustificadamente por parte del Estado.

Ni las medidas cautelares interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (N° 321-12) en abril 2015 sobre líderes y personas de los territorios de Salitre y Térraba fueron suficientes, ya que Sergio Rojas Ortiz peticionario y portador directo de protección fue asesinado el 18 de marzo del 2019, un crimen aún sin esclarecerse. Jerhy Rivera Rivera como miembro del pueblo brörán de Térraba también era portador de estas medidas, siendo este el segundo atentado contra su vida, en un ciclo de violencia que inició el 22 de febrerp del presente año y que aún no cesa. Ambos asesinatos constituyen hechos dramáticos para su pueblo, y una señal de emergencia en el sistema democrático del país.

Dirigentes indígenas de Térraba, Salitre, y otros territorios indígenas siguen siendo abiertamente amenazados de muerte en las redes sociales y en Térraba hoy se viven días de tensión social y zozobra ante el acoso colectivo y los incendios provocados en fincas y viviendas. Las personas no indígenas saben de su condición de ilegalidad territorial y muchos continúan usando la violencia explícita y la muerte, ante la impunidad moral y jurídica del Estado costarricense.

No hay razón posible que justifique la inaplicación legal y la inoperancia del Estado costarricense que cuenta con un solvente aparato estatal e importantes recursos en política social, posiblemente los mayores de la región centroamericana. Sólo la discriminación social y el racismo pueden justificar tal inacción e inequidad.  

El estado propone un Plan de Recuperación de Tierras Indígenas (PRTI) que en forma retarda es la respuesta a la CIDH, pero este es inadecuado para atender la crisis, la violencia de los no indígenas y el conflicto social. No considera las características de los pueblos originarios, ni las particularidades que implican las recuperaciones de hecho y la emergencia de organizaciones de base. Es un plan que se aplica lentamente y con ineficiencia, sin una adecuada información social y comunitaria, sin la transparencia requerida ante esta coyuntura.

La atención a la seguridad física y la paz social en estas comunidades es ineficiente e inoportuna porque se reduce a la acción policial y a protocolos de emergencia, cuando debe establecerse como parte de un abordaje integral del conflicto, construirse desde abajo, en forma preventiva, a través de una gestión social y civil permanente por parte de funcionarios civiles in situ en y con las comunidades, las organizaciones y l@s lideres. Así como un trabajo de control y atención a las acciones de finqueros y sus trabajadores.

Investigadores e investigadoras de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Estatal a Distancia, de las universidades públicas, así como la Defensoría de los Habitantes de la República y organizaciones sociales han señalado insistentemente las debilidades y errores de estas propuestas, advirtiendo de las consecuencias y el riesgo de vida que podían generar y están generando las medidas inadecuadas.

Reclamamos al Estado costarricense una gestión enérgica y estructural en la tenencia de tierra en los territorios indígenas por parte de todas las instancias públicas, con acciones concretas y efectivas.

Exigimos justicia pronta y cumplida para las personas indígenas de Térraba y Salitre. Que cese el racismo social manifestado en la inacción del estado y en las acciones violentas y etnofóbicas de las personas no indígenas y que parecen reproducirse en la indiferencia de la sociedad costarricense.  

Demandamos la protección oportuna, dialogada y basada en el cuidado civil, respetuoso y atinente a las condiciones culturales, sociales, geográficas y administrativas de las comunidades indígenas y áreas recuperadas en todos los territorios del cantón de Buenos Aires y Pérez Zeledón.

En solidaridad con las y los indígenas de Salitre y Térraba nos unimos a esta DENUNCIA Pública escrita por sus lideres e invitamos a la comunidad CLACSO a difundirla entre sus GT´s, universidades, instituciones y organizaciones civiles.

Centroamérica, 4 de marzo de 2020

BRORAN-y-BRIBRI-manifiesto-de-los-propios-indigenas-1