Declaraciones y comunicados

Declaración del Grupo de Trabajo CLACSO Pueblos indígenas y proyectos extractivos, denunciando el asesinato de indígenas en América Latina

«Creyeron que te enterraban y lo que hacían era enterrar una semilla» Ernesto Cardenal


El Grupo de Trabajo CLACSO Pueblos Indígenas y proyectos extractivos expresamos nuestro dolor por el asesinato de la líder Maya Dominga Ramos de la organización campesina Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) ocurrido el 5 de marzo en Guatemala y transmitimos nuestro sentido pesar a su familia, su comunidad y su pueblo. Dominga Ramos ha regresado a la Madre Tierra, seguirá viva entre nosotros, ella estará y acompañará la lucha por el derecho a vivir dignamente y que se respete a la Madre Tierra.

Queremos expresar nuestra indignación por la responsabilidad del Estado guatemalteco por haber generado un contexto de represión y criminalización contra los movimientos Indígenas de Guatemala, por la recuperación, restitución y defensa de sus tierras que ancestralmente les pertenecen, incluyendo la lucha de CODECA, por la nacionalización de la energía eléctrica. También denunciamos la violación de los derechos humanos ante la imposición de proyectos de minería, hidroeléctricas, el monocultivo de la palma africana, despojo de tierras, la Transportadora de Energía para Centroamérica TRECSA y el Mega Recolector en el lago de Atitlán. 

El asesinato de Dominga Ramos no es un hecho aislado; este se produce en un contexto bajo el cual solo en el año 2019, de acuerdo a informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), otros 10 miembros de CODECA fueron también asesinados entre ellos: Angel Leonel Guzmán Morales y Manuel Pérez Hernández en el mes de noviembre, Jorge CucCucul el 25 de julio, Julio Ramírez el día 12 de julio, Isidro Pérez y Melecio Ramírez el día 5 de julio y Delfino Agustín Vida el día de enero. 

Tampoco son hechos que ocurren solo en Guatemala. Desde el año 2019 a la fecha en América Latina algunos de los asesinatos a líderes indígenas han sido los siguientes: en Costa Rica el 24 de febrero del 2020 el líder indígena Brörán Jerhy Rivera Rivera fue asesinado por no indígenas que poseen ilegalmente tierras indígenas, al igual que Sergio Rojas Ortiz que fue asesinado en marzo de 2019. En Nicaragua el 29 de enero del 2020 fueron asesinados Jarle Samuel Gutiérrez, Juan Emilio Devis Gutiérrez, Cristino López Ortiz y Amaru Rener Hernández, todos miembros de comunidades indígenas Mayagna. En Brasil el 7 de diciembre del 2019 fueron asesinados los líderes indígenas Guajajara Firminio Praxede Guajajara y Raimundo Belnicio Guajajara, y un mes antes había sido asesinado Paulo Paulino Guajajara. En Colombia el 29 de octubre del 2019 fue asesinada la lideresa indígena Neehwe’sx Cristina Bautista. En México, en el año 2019, en diciembre fue asesinado el artista indígena Popoluca Josué Bernardo Marcial Campo. En mayo fueron asesinados el líder indígenas Tzotzil Ignacio Pérez Girón, los líderes indígenas Nahua José Lucio Bartolo, Modesto Verales, Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahujote. El 31 de mayo fue asesinado un joven indígena de Zacualpan. El 12 de abril fue asesinado el líder indígena Mephaa Julián Cortés Flores, 20 de febrero fue asesinado el líder indígena Nahua Samir Flores Soberanes. El 17 de enero fue asesinado el líder indígena Chol Noé Jiménez Pablo y José Santiago Alvarez. En Paraguay el 24 de febrero del 2019 fue asesinado el líder indígena Takuara’i Francisco López.

De acuerdo a Front Line Defenders, en el año 2019, el 40% de los defensores de derechos humanos asesinados en el mundo eran defensores de la tierra, de los pueblos indígenas y del medioambiente. Un 75% de estos asesinatos ocurrieron en América Latina y aproximadamente la mitad de ellos tuvieron como víctimas a líderes indígenas, pese a que en la región solo un 10% de la población es indígena. Todos estos líderes indígenas asesinados defendían la Madre Tierra y a sus comunidades de proyectos mineros, de agroindustrias, de centrales hidroeléctricas, de proyectos petroleros, de la explotación forestal, de la usurpación de sus tierras por no indígenas o de megaproyectos de mal desarrollo. Muchos de ellos contaban con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de los tribunales nacionales, las cuales no fueron implementadas por los gobiernos.

Los integrantes del GT Pueblos Indígenas y proyectos extractivos denunciamos el asesinato de líderes indígenas en América Latina como una práctica generalizada, intencional, constitutiva de violaciones graves a los derechos humanos, incompatible con un orden democrático y plurinacional y que forma parte constitutiva de los dispositivos de poder a través de los cuales industrias extractivas, gobiernos y grupos de no indígenas fomentan y protegen un discurso de desarrollo basado en el extractivismo que perpetúa la desposesión de las comunidades indígenas y afrodescendientes, favorece la continuidad de los proyectos neocoloniales de las sociedades nacionales y viola los derechos indígenas.

Expresamos nuestra solidaridad con las familias, comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes que sufren el asesinato de sus miembros y nos solidarizamos con sus luchas de protección a la Madre Tierra.

Demandamos a los Estados respetar e implementar los derechos de pueblos indígenas reconocidos en el Convenio 169 de OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a tomar medidas efectivas para la protección de los pueblos indígenas, acelerar, en acuerdo con los pueblos indígenas, los procesos de restitución y demarcación de tierras, respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades conforme al derecho internacional, así como les demandamos investigar, juzgar, sancionar a quienes sean culpables y dar reparación acorde a los estándares internacionales a las personas, familias y comunidades afectadas.

Demandamos a los Estados de las industrias extractivas que operan en la región a implementar legislaciones que permitan denunciar, investigar, juzgar, sancionar y reparar al interior de sus países las violaciones a los derechos humanos ocurridas contra comunidades indígenas en la región al interior del país de origen de la industria extractiva.

Marzo de 2020
Grupo de Trabajo CLACSO
Pueblos indígenas y proyectos extractivos