Declaraciones y comunicados

Declaración del Grupo de Trabajo CLACSO  Derecho, clases y reconfiguración del capital 

El Grupo de Trabajo CLACSO “Derecho, clases y reconfiguración del capital” denuncia el empleo de mecanismos autoritarios, propios de las dictaduras en sentido estricto, en la resolución de conflictos políticos y sociales causados por la profundización de medidas económicas que cargan las deudas del estado sobre los hombros de las y los trabajadores. Observamos con preocupación que estas medidas y formas autoritarias son una tendencia regional (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay) que se ha intensificado en los últimos años, dibujando los límites y las contradicciones propias del estado y la democracia capitalista. Exhortamos la apertura de horizontes de socialización de los medios de producción y de las decisiones políticas.

En Ecuador, el decreto 883, conocido como el “Paquetazo”, significó el intento de imponer medidas que, exigidas por el Fondo Monetario Internacional, respaldado y vigilado por el gobierno de los Estados Unidos de América a través del secretario de estado Mike Pence en violación a la soberanía y libre determinación de los pueblos. El decreto constituye la última de las políticas neoliberales, invocando la “democracia”, la “libertad” y la “prosperidad” imponen condiciones económicas brutales a la mayoría de la población. Nosotrxs repudiamos el empleo de dichas políticas que profundizan y reproducen las desigualdades más violentas.

Por otro lado, denunciamos el empleo del toque de queda y la militarización del país como medidas estimadas como “necesarias” por el gobierno para poder implementar el decreto 883, lo cual despertó la justa indignación de amplios sectores sociales y su movilización en protesta contra dicho decreto. También denunciamos las numerosas violaciones a los derechos humanos de los manifestantes durante la represión a las manifestaciones, la cual dejó, de acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo, 8 muertes, 1340 personas heridas y 1192 detenidas.[1] 

Exigimos una investigación seria sobre dichas violaciones y un castigo adecuado tanto a los responsables materiales como a los intelectuales.

A pesar de que se ha derogado el decreto 883, no se ha anunciado el fin de las medidas antipopulares impuestas por el FMI y supervisadas por el gobierno de los Estados Unidos de América, lo cual provoca una condición delicada y conflictos que pueden agudizarse en el futuro cercano. Por tanto, exigimos el fin de la imposición antidemocrática de medidas económicas impuestas por el FMI y la apertura de horizontes de socialización económica y política.

En Colombia, rechazamos contundentemente los actos sistemáticos, institucionales e impunes de violencia por parte de la policía nacional de Colombia y el escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD) en contra de la protesta social y, en general, contra la movilización popular. En particular denunciamos las arremetidas violentas, salvajes y necro-políticas perpetradas en contra de las y los campañerxs de Comuna Quilombo, integrantes de este Grupo de Trabajo, durante las manifestaciones públicas contra la violencia estatal los días 8 y 10 de octubre en Bucaramanga. Estas acciones son parte de la criminalización del pensamiento crítico y de las posiciones emancipatorias, la cual se ha traducido en montajes judiciales y pronunciamientos que ponen en peligro a profesores y estudiantes, especialmente en las Universidades Públicas. En Colombia, la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero (AJAFR) y otros actores civiles han documentado la gravedad y opacidad de este tipo de casos en Colombia (entre 2000 y 2019).[2] 

Actualmente, el caso de los profesores Henry Forero y Leonardo Jaimes en la Universidad Industrial de Santander da cuenta de cómo las directivas han puesto a andar procesos de estigmatización que ponen a los profesores bajo sospecha y en una condición vulnerable. El Grupo de Trabajo expresa su apoyo total a los movimientos estudiantiles y exige el fin de los mecanismos de estigmatización, criminalización y represión violenta en contra de estudiantes y profesores.

También denunciamos el real y claro genocidio indígena cometido a través del asesinato sistemático y continuado de dirigentes y guardias indígenas, especialmente en la región del Cauca. De acuerdo con defensores de derechos humanos, han sido asesinados 234 líderes indígenas durante el gobierno de Iván Duque.[3] 

Lo anterior, a pesar de que el gobierno intenta disimular dicho genocidio alegando que se trata de casos aislados y de simples reyertas comunitarias. Lo anterior resulta mucho más grave en un contexto de recrudecimiento del paramilitarismo y la violencia contra las comunidades periféricas y locales. La indiferencia gubernamental deviene en indagaciones precarias y re-victimizantes, que en últimas impiden dar con los responsables de estos crímenes atroces y reiterados. Exigimos una investigación profunda, adecuada y que considere el carácter sistemático y continuo de los asesinatos; y a su vez, el cese de cualquier tipo de estigmatización de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

En Chile, denunciamos la declaración de “guerra” que hizo el Presidente Piñera al pueblo chileno y la imposición de medidas dictatoriales como decretar estado de excepción, designar a un militar a cargo del mando, decretarse toque de queda, la militarización de las calles y las sucesivas violaciones a derechos humanos que se han producido en los últimos días. La rebelión generalizada del pueblo chileno, que se ha extendido a todas las ciudades del país, fue gatillada por el alza de los pasajes de metro en Santiago, pero se extendió rápidamente por todo el país, ya que es la respuesta social frente a las profundas desigualdades producidas por un sistema neoliberal impuesto a sangre y fuego en la dictadura de Pinochet, que expolia a la gran mayoría de la población en beneficio de los grandes capitales nacionales y extranjeros; sin derechos sociales (pensiones y sueldos de hambre, la educación privada más costosa de toda América Latina, la salud en crisis), excluyendo a grandes sectores de la población de los derechos básicos, condenándolos a la precariedad de las vidas.

Repudiamos la utilización de clásicas estrategias de guerra, represión policial y militar, en conjunto con acciones que provocan deliberadamente el desabasto de la población y la manipulación de los medios de comunicación para mostrar el conflicto de una manera unilateral favorable al gobierno. Así también denunciamos la manipulación gubernamental de las redes sociales de los manifestantes. De manera más grave denunciamos y repudiamos la represión policial y militar que ya ha cometido asesinatos, violaciones y torturas. Exigimos investigaciones nacionales e internacionales profundas y serias, y castigo a los responsables en todos los niveles de gobierno, incluyendo no solamente a los autores materiales, sino a los mandos medios y superiores como responsables intelectuales.

El Grupo de Trabajo denuncia y repudia la imposición de políticas antipopulares que violentan la vida y los derechos de la clase trabajadora, y que se están imponiendo a través de medidas dictatoriales y represivas.

El Grupo de Trabajo expresa su apoyo a todas las formas de organización popular de la resistencia a dichas medidas, a las comunidades indígenas y a las organizaciones de estudiantes y profesores en defensa de la educación pública. Además, exige la apertura de horizontes de socialización de los medios de producción y de las decisiones políticas como única vía para construir una región con justicia y dignidad.


[1] CNN, “Defensoría: Al menos 8 personas murieron en las protestas”, 15 de octubre, 2019. Disponible en https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/15/minuto-a-minuto-disturbios-y-esfuerzos-de-dialogo-en-medio-de-la-crisis-en-ecuador/

[2]Reporte audiovisual, Informe “Universidades Públicas Bajo Sospecha: Represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2000 – 2019)” Disponible en: https://www.facebook.com/watch/?v=2035696066532349

[3]Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) “Unidad contra el genocidio” 18 de octubre, 2019. Disponible en https://www.cric-colombia.org/portal/unidad-contra-el-genocidio/ Telesur, “Asesinan a tres líderes indígenas en Colombia”, 18 de octubre, 2019. Disponible en https://www.telesurtv.net/news/colombia-denuncia-asesinato-tres-lideres-indigenas–20191018-0003.html

Octubre de 2019
Grupo de Trabajo CLACSO
Derecho, clases y reconfiguración del capital