9 de enero, 2020

Declaración de solidaridad con Haití

De territorio de ocupación, violación, muerte e impunidad, al logro de la dignidad, los derechos, la soberanía y la democracia

El 12 de enero de 2020 se cumplen 10 años del devastador terremoto en la República de Haití. Además de la descomunal cifra de muertos, heridos, niños y niñas en orfandad, destrucción física y económica, el pueblo de Haití se ha visto perjudicado por un conjunto de procesos institucionales, políticos y geoestratégicos que han agudizado las precarias condiciones de vida de la mayoría de la población. Se constata que lo menos priorizado ha sido la voz y necesidades de la sociedad haitiana.



Ésta es una crisis acumulada a partir de los diversos golpes de Estado promovidos por la geopolítica del Norte global que abortó el primer gobierno democrático luego de la tiranía de los Duvalier, y se agravó cuando, desde junio de 2004 hasta octubre de 2017, Haití se convirtió en un país ocupado militarmente bajo las operaciones de la Fuerza Multinacional Provisional (FMP) y la MINUSTAH (Misión de Estabilización de Naciones Unidas para Haití).

Esta misión de supuesta estabilización votada en el Consejo de Seguridad de la ONU bajo la consigna de que “Haití es un riesgo para la seguridad internacional”, tenía el objetivo declarado de mantener la paz y seguridad pública en el país en un “entorno seguro y estable”. Hoy se conoce cómo, desde sus inicios, se vio implicada en al abuso sexual sistemático de niños, niñas y mujeres. Recientemente, una nueva investigación volvió a confirmar datos sobre la escandalosa conducta de las fuerzas militares extranjeras conocidas más popularmente como “cascos azules”.

Muchas mujeres, adolescentes y niñas que vivían en las cercanías de las bases de Naciones Unidas fueron víctimas del entramado de relaciones de poder jerárquicas y del consecuente control territorial que detentaron los militares “pacificadores”, que también implicó, en la práctica, el control sobre el cuerpo de las mujeres y niñas en esos territorios, convertidos en zonas de ocupación y violación.

Debido al acuerdo de “inmunidad” de las tropas en operaciones humanitarias, estas contaron con plena libertad de retirarse del país sin repercusiones o responsabilidad penal frente a la mujer o niña abusada y embarazada, quedando una espiral de niños y niñas nacidos sin recursos, sin apoyo y sin responsabilidad paterna alguna. Esas criaturas son ya conocidos como petit MINUSTAH, bébés casques bleus o les enfants abandonnés par la MINUSTAH, nombres que implican a su vez una carga de discriminación.

Según la investigación, en esta práctica de embarazar mujeres y niñas haitianas y dejarlas abandonadas, la mayoría de los militares involucrados fueron brasileños y uruguayos. Durante el terremoto ya habían sido denunciadas tropas de Sri Lanka. Prácticas similares de abuso y explotación sexual también fueron denunciadas el año pasado sobre personal expatriado de ONGs internacionales.

Un amplio porcentaje de la población afectada por estas prácticas de control sexual eran niñas en el momento del encuentro abusivo, dando paso a múltiples repercusiones negativas en función del ejercicio de poder sobre sus cuerpos, afectando su salud mental y física, las relaciones familiares, la posibilidad de continuar con la educación formal, entre otras.

Las profundas relaciones asimétricas de poder que se dan con la presencia del personal expatriado (sean militares o civiles) se han convertido en un aprovechamiento de la inseguridad material y financiera que llevó a mujeres y niñas a tener sexo de supervivencia con la esperanza de salir de la pobreza u obtener alguna compensación material. A largo plazo sólo encontraron la profundización de su precariedad personal, familiar y comunitaria.

Pero la multimillonaria operación MINUSTHA (con un presupuesto de más de 300 millones de dólares al año) y sus resultados no termina aquí. Esta Operación de Mantenimiento de la Paz también estuvo implicada directamente en la importación de la cepa del Vibrio cholerae de Nepal hacia Haití, desencadenando la peor epidemia de cólera en la historia del país y la mayor de los últimos tiempos a escala mundial.

La enfermedad de cólera, potenciada por las precarias condiciones de acceso al agua y al saneamiento seguro y el frágil sistema de salud en el país, llevó a la muerte a más de 9.000 haitianos y haitianas, según cifras oficiales; prestigiosos expertos sostienen que las muertes reales serían más de 50 mil. Asimismo, se estiman entre 800 mil y más de 1 millón de casos de cólera, sin contar las consecuencias psicológicas, económicas y sociales de la epidemia. En República Dominicana, las muertes superaron las 450.

Los responsables institucionales de la ONU participaron directamente en el ocultamiento del origen del brote como también de su impacto y letalidad inicial; fueron actores determinantes en su propagación y luego en el encubrimiento e impunidad de los responsables. También participaron en el diseño de una multiplicidad de planes de respuesta que sólo tendieron a reproducir una industria de la “ayuda humanitaria” para las burocracias de organismos, expatriados y ONGN (Organizaciones No gubernamentales del Norte global), que no resolvieron la catástrofe y sólo tuvieron como resultado el debilitamiento de la soberanía sanitaria de Haití, dejando al sistema de salud pública haitiano tan débil como al inicio de la crisis epidemiológica.

Todas estas acciones, bajo el manto de las Operaciones de Mantenimiento de Paz, han gozado de impunidad absoluta en términos de sanción jurídica y reparación, más allá de simples declaraciones de arrepentimiento moral.

Lo ocurrido en Haití ha dejado al desnudo la impunidad como consecuencia efectiva de la “inmunidad” y el carácter autoritario y colonial con que actúan el Consejo de Seguridad y las Operaciones de Paz de la ONU, más allá de la ética, más allá de todo límite del Derecho y de su propia legalidad.

A esto se suma el eurocentrismo y colonialidad de un sistema internacional de cooperación “al desarrollo” que sólo reforzó la presencia de las ONGs del Norte y cooperantes de carácter transnacional. La Comunidad Internacional ha evidenciado su fracaso bajo las lógicas reglas imperantes.

A estas dramáticas situaciones, se suma el rol geopolítico del conocido Core Group (Grupo Central de Coordinación en Haití compuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos –OEA- y la Unión Europea), incluyendo el representante del Secretario General de la ONU y jefe de la MINUSTAH, Edmund Mulet, así como Bill Clinton, Enviado Especial. Estos no sólo fueron incapaces de hacer realidad la prometida Reconstrucción post sismo, sino que ésta quedó convertida en una industria y un mecanismo de injerencia, desviando los recursos necesarios para atender al pueblo haitiano, trastocando la transición política haitiana e imponiendo decisiones que han enajenado a la ciudadanía de su soberanía política.

Esta compleja realidad y crisis concatenadas, implica también a una parte de la clase política haitiana, cuya complicidad es insoslayable para que la impunidad, las falsas promesas de reconstrucción, la debilidad democrática e institucional, la pérdida de soberanía frente la geopolítica del Norte global y sus organismos, así como la corrupción, se hayan acrecentado, llegando a la conmoción pública con el escándalo de los fondos de Petrocaribe, llevando a sostenidas movilizaciones sociales y populares en Haití.

Los Centros y Grupos de Trabajo que suscribimos esta declaración apostamos al cese de la violación de la soberanía de Haití; al compromiso auténtico de que la refundación y reconstrucción de Haití debe ser desde Haití, con la participación protagónica de sus actores nacionales y populares con autodeterminación y sin injerencia externa; a la transformación de las condiciones de vida de las grandes mayorías y su dignificación en el goce de los derechos fundamentales; a la reparación y la Justicia ante los crímenes de lesa humanidad y los atropellos contra su población; a la solidaridad latinoamericana y caribeña permanente con el país; así como el funcionamiento pleno de su democracia, sus instituciones públicas y la confianza ciudadana en sus representantes y dirigentes democráticamente electos. Por un Haití que vuelva a ser ejemplo continental, como en 1804, de emancipación, independencia y lucha por una vida digna y sin tutelajes coloniales.

Centros Miembros de la República Dominicana
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO RD
Ciudad Alternativa
Fundación Juan Bosch
Escuela Multitemática

Grupos de Trabajo de CLACSO
Crisis, respuestas y alternativas en el Gran Caribe
Salud Internacional y soberanía sanitaria

Desde las organizaciones haitianas
Centre de Recherche et de Formation Economique et Sociale pour le Developpement (CRESFED) 
Association Latino-américaine de Médecine Sociale (ALAMES Haití)



DÉCLARATION DE SOLIDARITÉ AVEC HAÏTI
DU TERRITOIRE D’OCCUPATION, DE VIOLATION, DE MORT ET D’IMPUNITÉ, À LA POURSUITE DE LA DIGNITÉ, DES DROITS, DE LA SOUVERAINETÉ ET DE LA DÉMOCRATIE

Ce 12 janvier 2020 a marqué les 10 ans du séisme qui a dévasté la République d’Haïti. Outre le nombre de morts, de blessés, d’enfants orphelins, la destruction physique et économique, le peuple haïtien a été lésé par un ensemble de processus institutionnels, politiques et géostratégiques qui ont aggravé les conditions de vie précaires de la majorité de la population. Il est clair que la voix et les besoins de la société haïtienne ont été les moins prioritaires.

Il s’agit d’une crise accumulée à partir des différents coups d’État encouragés par la géopolitique du Nord global qui a fait avorter le premier gouvernement démocratique après la tyrannie des Duvalier, et s’est aggravée lorsque, de juin 2004 à octobre 2017, Haïti est devenu un pays occupé par l’armée sous les opérations de la Force Multinationale Provisoire (FMP) et de la MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti).

Cette mission prétendue de stabilisation votée au Conseil de Sécurité des Nations Unies sous le slogan « Haïti est un risque pour la sécurité internationale », avait pour objectif de maintenir la paix et la sécurité publique dans le pays dans un « environnement sécurisé et stable ». Aujourd’hui, on sait comment, depuis sa création, elle a été impliquée dans des abus sexuels systématiques sur des mineurs et des femmes. Récemment, une nouvelle recherche a reconfirmé des informations concernant le comportement scandaleux des forces militaires étrangères plus communément appelées « casques bleus ».

Beaucoup de femmes, d’adolescentes et de filles qui vivaient à proximité des bases militaires des Nations Unies ont été victimes du réseau de relations hiérarchiques de pouvoir et du contrôle territorial qui en résulte détenu par les militaires «pacificateurs», ce qui implique également, dans la pratique, un contrôle sur le corps des femmes et des filles de ces territoires, transformés en zones d’occupation et de viol.

En raison de l’accord « d’immunité » des troupes dans les opérations humanitaires, elles avaient toute liberté de quitter le pays sans répercussions ni responsabilité pénale contre la femme ou la fille maltraitée et tombée enceinte, laissant une spirale d’enfants nés sans ressources, sans soutien et aucune responsabilité parentale. Ces créatures sont déjà connues sous le nom de « petit MINUSTAH », « bébés casques bleus » ou les « enfants laissés par la MINUSTAH », noms qui à leur tour impliquent un fardeau de discrimination.

Selon l’enquête, dans cette pratique les femmes et filles tombaient enceintes et ensuite elles étaient abandonnées ; la majorité des militaires pointées étaient des Brésiliens et des Uruguayens. Lors du tremblement de terre, les troupes du Sri Lanka avaient déjà été dénoncées. Des pratiques similaires d’abus et d’exploitation sexuels ont également été signalées l’année dernière impliquant du personnel expatrié d’ONG internationales.

Un grand pourcentage de la population touchée par ces pratiques de contrôle sexuel était des filles au moment de la rencontre abusive, cédant la place à de multiples répercussions négatives selon l’exercice du pouvoir sur leur corps, affectant leur santé mentale et physique, les relations familiales, la possibilité de poursuivre l’enseignement formel, entre autres.

Les relations profondes de pouvoir asymétriques qui existent avec la présence de personnel expatrié (militaire ou civil) aident à profiter de l’insécurité matérielle et financière qui a conduit les femmes et les filles à avoir des relations sexuelles dans l’espoir de sortir de la pauvreté ou d’obtenir une compensation matérielle. À long terme, elles n’ont trouvé que l’approfondissement de leur précarité personnelle, familiale et communautaire.

Mais l’opération milliardaire de la MINUSTHA (avec un budget de plus de 300 millions de dollars par an) et ses résultats ne s’arrêtent pas là. Cette opération de maintien de la paix a également été directement impliquée dans l’importation de la souche Vibrio cholerae du Népal en Haïti, déclenchant la pire épidémie de choléra de l’histoire du pays et la plus importante de ces dernières années dans le monde.

La maladie du choléra, aggravée par les conditions précaires d’accès à l’eau potable et à l’assainissement et le système de santé fragile du pays, a provoqué la mort de plus de 9 000 haïtiens et haïtiennes, selon des chiffres officiels. Selon des experts prestigieux, le nombre de morts serait supérieur à 50 000. De même, entre 800 000 et plus d’un million de cas de choléra sont estimés, sans compter les conséquences psychologiques, économiques et sociales de l’épidémie. En République dominicaine, les décès ont dépassé 450.

Les chefs institutionnels de l’ONU ont participé directement à la dissimulation de l’origine de l’épidémie, de son impact et de sa létalité initiale ; ils ont été des acteurs déterminants dans la propagation, la dissimulation et l’impunité des responsables. Ils ont également participé à la conception d’une multiplicité de plans de réponse avec une tendance à reproduire une industrie de « l’aide humanitaire » pour les bureaucraties d’organismes, d’expatriés et d’ONGN (ONG du Nord global), ce qui n’a pas résolu la catastrophe et a entraîné l’affaiblissement de la souveraineté sanitaire d’Haïti, laissant le système de santé publique haïtien aussi faible qu’au début de la crise épidémiologique.

Toutes ces actions, sous le couvert des opérations de maintien de la paix, jouissent d’une impunité absolue en termes de sanction et de réparation légales, au-delà des simples déclarations de regret.

Ce qui s’est passé en Haïti laisse à nu l’impunité comme une conséquence efficace de « l’immunité » et le caractère autoritaire et colonial avec lequel le Conseil de sécurité des Nations Unies et les opérations de paix agissent, au-delà de l’éthique, au-delà de toute limite du droit et sa propre légalité.

À cela s’ajoute l’eurocentrisme et le colonialisme d’un système international de coopération « au développement » qui ne fait que renforcer la présence des ONG du Nord et des coopérants transnationaux. La communauté internationale a démontré son échec en vertu de la logique et des règles en vigueur.

À ces situations dramatiques, s’ajoute le rôle géopolitique du célèbre Core Group (Groupe de coordination centrale en Haïti composé d’Argentine, du Brésil, du Canada, du Chili, d’Espagne, des États-Unis, de la France, des Nations Unies, de l’Organisation des États américains et de l’Union Européen), du représentant du secrétaire général des Nations unies et chef de la MINUSTAH, Edmund Mulet, ainsi que de Bill Clinton, Envoyé Spécial. Ceux-ci non seulement ont été incapables de faire de la reconstruction promise après le tremblement de terre une réalité, mais ils ont contribué à cette vaste industrie et mécanisme d’interférence, détournant les ressources nécessaires pour servir le peuple haïtien, perturbant la transition politique haïtienne et imposant des décisions qui ont aliéné la citoyenneté de sa souveraineté politique.

Cette réalité complexe et crise concaténée, implique également une partie de la classe politique haïtienne, dont la complicité est inévitable pour que l’impunité, les fausses promesses de reconstruction, la faiblesse démocratique et institutionnelle, la perte de souveraineté face à la géopolitique du Nord global et ses organismes, ainsi que la corruption, ont augmenté, atteignant l’agitation publique avec le scandale des fonds de Petrocaribe, conduisant à des mobilisations sociales et populaires soutenues en Haïti.

Nous, les Centres et Groupes de Travail qui souscrivons à cette déclaration pour mettre fin à la violation de la souveraineté d’Haïti, nous souscrivons à l’engagement authentique que la refondation et la reconstruction d’Haïti doivent provenir d’Haïti, avec la principale participation de ses acteurs nationaux et populaires avec autodétermination et sans ingérence extérieure ; à la transformation des conditions de vie de la grande majorité et de sa dignité dans la jouissance des droits fondamentaux ; à la réparation et à la justice face aux crimes contre l’humanité et aux abus contre sa population ; à la solidarité permanente de l’Amérique latine et des Caraïbes avec le pays ; ainsi que le plein fonctionnement de sa démocratie, de ses institutions publiques et de la confiance des citoyens en ses représentants et dirigeants démocratiquement élus. Pour un Haïti qui redevient un exemple continental, comme en 1804, d’émancipation, d’indépendance et de lutte pour une vie digne sans tutelle coloniale.

Centres Membres de la République Dominicaine
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO RD
Ciudad Alternativa
Fundación Juan Bosch
Escuela Multitemática

Groupes de Travail de CLACSO
Crises, réponses et alternatives au Grand Caraïbes
Santé internationale et souveraineté sanitaire

Organisations Haïtiennes
Centre de Recherche et de Formation Economique et Sociale pour le Developpement (CRESFED) 
Association Latino-américaine de Médecine Sociale (ALAMES Haití)


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DECLARATION OF SOLIDARITY WITH HAITI
FROM A LAND OF OCCUPATION, RAPE, DEATH AND IMPUNITY, TO THE ACHIEVEMENT OF DIGNITY, RIGHTS, SOVEREIGNTY AND DEMOCRACY

January 12, 2020 marks the 10th anniversary of the devastating earthquake in the Republic of Haiti. In addition to the enormous number of deaths, injuries, orphaned children, physical and economic destruction, the people of Haiti have been harmed by a set of institutional, political and geostrategic processes that have exacerbated the precarious living conditions of the majority of the population. It is evident that the voice and needs of Haitian society is not a priority.

This is a crisis that widened as a result of the various coups d’état promoted by the geopolitical application of the global North’s foreign policy and that prematurely terminated the first democratic government after the Duvalier tyranny; and it was aggravated when, from June 2004 to October 2017, Haiti became a militarily occupied country under the operations of the Multinational Interim Force (MIF) and MINUSTAH (United Nations Stabilization Mission in Haiti).

This so-called stabilization mission voted by the UN Security Council under the motto that «Haiti is a risk to international security», had the declared objective of maintaining peace and public security in the country in a «secure and stable environment». Today we know how, from the beginning, it was involved in the systematic sexual abuse of women and children. Recently, a new investigation reconfirmed data on the outrageous conduct of foreign military forces more popularly known as «blue helmets».

Many women, adolescents and girls who lived in the vicinity of the United Nations bases were victims of the network of hierarchical power relations and the consequent territorial control held by the «pacifying» military, which also implied, in practice, control over the bodies of women and girls in these territories, which had become zones of occupation and rape.

Due to the agreement of «immunity» for troops in humanitarian operations, they were free to leave the country without repercussions or criminal responsibility for the abused and pregnant woman or girl, leaving a spiral of children born without resources, support or parental responsibility. These children are already known as petit MINUSTAH, bébés casques bleus or les enfants abandonnés par la MINUSTAH, names which in turn imply a burden of discrimination.

According to the research, in this practice of impregnating Haitian women and girls and leaving them abandoned, the majorityof the military involved were Brazilians and Uruguayans. During the earthquake, Sri Lankan troops had already been reported. Similar practices of sexual abuse and exploitation were also reported last year on expatriate staff of international NGOs.

A large percentage of the population affected by these sexual control practices were underaged girls at the time of the abusive encounter, giving way to multiple negative repercussions depending on the exercise of power over their bodies, affecting their mental and physical health, family relationships, the possibility of continuing with formal education, among others. 

The profound asymmetrical power relations that exist with the presence of expatriate personnel (whether military or civilian) have become a means of exploiting the material and financial insecurity that led women and girls to have survival sex in the hope of escaping poverty or obtaining some material compensation. In the long term they only found the deepening of their personal, family and community precariousness.

But the multi-million-dollar MINUSTHA operation (with a budget of over $300 million a year) and its results do not end there. This Peacekeeping Operation was also directly involved in the importation of the Vibrio cholerae strain from Nepal into Haiti, triggering the worst cholera epidemic in the country’s history and the largest in recent times on a global scale.

The cholera disease, fueled by poor access to safe water and sanitation and the country’s fragile health system, led to the deaths of more than 9,000 Haitians, according to official figures. According to prestigious experts, the actual deaths would be over 50,000. It is also estimated that between 800,000 and more than 1 million cases of cholera have been reported, not counting the psychological, economic and social consequences of the epidemic. In the Dominican Republic, deaths exceeded 450.

The UN institutional leaders were directly involved in concealing the origin of the outbreak as well as its initial impact and lethality; they were key players in its spread and then in the cover-up and impunity of those responsible. They also participated in the design of a multiplicity of response plans that only tended to reproduce a «humanitarian aid» industry for agency bureaucracies, expatriates and NGOs (Non-Governmental Organizations of the Global North), which did not resolve the catastrophe and only resulted in the weakening of Haiti’s health sovereignty, leaving the Haitian public health system as weak as it was at the beginning of the epidemiological crisis.

All these actions, under the mantle of the Peacekeeping Operations, have enjoyed absolute impunity in terms of legal sanction and reparation, beyond simple declarations of moral repentance. 

What has happened in Haiti has laid bare impunity as an effective consequence of the «immunity» and the authoritarian and colonial character with which the Security Council and the UN Peace Operations act, beyond ethics, beyond all limits of law and its own legality.

Added to this is the Eurocentrism and coloniality of an international system of «development» cooperation that only strengthened the presence of Northern NGOs and transnational aid workers. The international community has demonstrated its failure under the prevailing logic and rules.

In addition to these dramatic situations, there is the geopolitical role of the well-known Core Group (Central Coordination Group in Haiti composed of Argentina, Brazil, Canada, Chile, Spain, the United States, France, the United Nations, the Organization of American States and the European Union), including the representative of the UN Secretary General and head of MINUSTAH, Edmund Mulet, as well as Bill Clinton, Special Envoy. Not only were they unable to make the promised post-earthquake reconstruction a reality, but it became an industry and a mechanism for interference, diverting the resources needed to serve the Haitian people, disrupting the Haitian political transition and imposing decisions that have alienated the citizenry from its political sovereignty.

This complex reality and concatenated crisis also involves a part of the Haitian political class, whose complicity is unavoidable so that impunity, false promises of reconstruction, democratic and institutional weakness, loss of sovereignty in the face of the geopolitics of the global North and its agencies, as well as corruption, have increased, reaching public shock with the Petrocaribe funds scandal, leading to sustained social and popular mobilizations in Haiti.

The Centers and Working Groups that endorse this declaration advocate for the cessation of the violation of Haiti’s sovereignty; for the authentic commitment that the refoundation and reconstruction of Haiti must be from Haiti, with the protagonist participation of its citizens and peoples, with self-determination and without external interference; for the transformation of the living conditions of the great majorities and their dignity in the enjoyment of fundamental rights; for the reparation and justice for crimes against humanity and abuses against its population; for permanent Latin American and Caribbean solidarity with the country; and for the full functioning of its democracy, its public institutions and the public’s confidence in its democratically elected representatives and leaders. For a Haiti that is once again a continental example, as in 1804, of emancipation, independence and the struggle for a dignified life without colonial tutelage.

Member Centers in the Dominican Republic
Latin American Faculty of Social Sciences – FLACSO RD
Ciudad Alternativa
Fundación Juan Bosch
Escuela Multitemática

CLACSO Working Groups
Crisis, responses and alternatives in the Greater Caribbean
International health and health sovereignty

From Haitian organizations
Centre de Recherche et de Formation Economique et Sociale pour le Developpement (CRESFED)
Association Latino-américaine de Médecine Sociale (ALAMES Haiti)