Contra la deriva autoritaria del Gobierno colombiano
El Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y los Centros Miembros CLACSO de Colombia, manifestamos nuestro profundo rechazo a la deriva autoritaria del Gobierno Nacional. De nuevo se cierne sobre el pensamiento crítico, la protesta pacífica y, ahora, los procesos de memoria, un conjunto de medidas que develan la intención de socavar la democracia, acallar las voces disidentes, criminalizar la protesta social pacífica y reescribir la memoria colectiva a la medida de los intereses revisionistas de la ultraderecha colombiana y continental.
En primer lugar, el 13 de octubre de 2026 se emitió el Decreto 1.525 sobre protesta social, una medida que vulnera flagrantemente el derecho a la manifestación pacífica en la víspera de la marcha nacional contra el gobierno. En varios de sus articulados, deja abierta la interpretación sobre lo que se concibe como “acto violento” por parte de los agentes de la UNDMO (antes ESMAD) y sobre todo presume que siempre los actos violentos devienen de la manifestación pacífica, no de la intervención de estas y estos agentes.
Como ya se denunció públicamente en los casos de Bogotá e Ibagué la semana pasada, las manifestaciones fueron violentadas por la fuerza pública y luego se justificaron como “respuesta” y uso legítimo del monopolio de la fuerza del Estado. Nos preocupa profundamente que este Decreto viole de manera flagrante la presunción de inocencia y que otorgue facultades a la fuerza pública que son más cercanas a los ejercicios dictatoriales y/o autoritarios.
Cabe destacar que en los informes de la Comisión de la Verdad y en investigaciones de integrantes de la red CLACSO, se ha podido mostrar que las derivas autoritarias traen consigo violencias físicas, criminalización por la vía de los “falsos positivos” judiciales y muerte a manifestantes por el uso desmedido de la fuerza, así como el socavamiento de la democracia. Denunciamos la arbitrariedad con la que fueron detenidos y detenidas algunos y algunas manifestantes en Ibagué y Bogotá. Sumado a esto, se ha anunciado la creación de un nuevo “Estatuto de Seguridad” que nos retorna a los oscuros años de Turbay Ayala y que en sus enunciados vulnera aún más las condiciones para el ejercicio del derecho a la protesta y devela una total sumisión de los intereses de las colombianas y los colombianos a los intereses geopolíticos extranjeros, en tanto buscar garantizar el acceso a los “recursos naturales” estratégicos.
Denunciamos también, y en consonancia con los comunicados públicos de varios de nuestros Centros Miembros, que el desmonte de las obras del Museo Nacional de Colombia en las salas que abordan temas de la guerra que ha vivido el país, reivindicación de las disidencias sexuales y expresión de las múltiples formas de violencia que padecemos, representa una afrenta contra la memoria colectiva y el derecho a la paz que consagra la constitución política de nuestro país. Así mismo denunciamos el ataque orquestado contra las instituciones culturales y el asfixiamiento y transformación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en detrimento de sus funciones misionales y constitucionales.
Como Comité Directivo y Centros Miembros de Colombia, rechazamos esta ola de violencias simbólicas y físicas que marcan el inicio del Gobierno Nacional. Contra la deriva autoritaria, seguimos construyendo pensamiento crítico, expresando nuestras inconformidades y luchando por un país justo, en democracia y comprometido con la memoria, la verdad y la reparación de las víctimas.
Comité Directivo de CLACSO y
la Red de Centros Miembros CLACSO de Colombia
Octubre de 2026
