Declaraciones y comunicados

Comunicado del Grupo de Trabajo CLACSO Crítica jurídica y conflictos socio-políticos, en apoyo a las movilizaciones sociales en Colombia y condenando la represión a la que fueran sometidas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado (ESMAD)

Desde el pasado 21 de noviembre en el país se ha desarrollado un paro nacional y movilización social permanente que evidencia una nueva etapa de las luchas populares, especialmente de la dinámica de protesta urbana en Colombia. Las demandas y exigencias que tienen en las calles al pueblo colombiano son múltiples, muchas de ellas  son rechazos a expresiones legales y jurídicas del Gobierno Nacional: el proyecto de ley de Reformas Tributarias que reemplazará la Ley de financiamiento 1943 de 2018; el Decreto 2111 que creó el holding financiero, la circular del Ministerio del trabajo y la seguridad social sobre estabilidad laboral reforzada, así como las propuestas de reforma pensional y de reforma laboral.

Otras son expresiones de la conflictividad social y la democracia restringida, como la necesidad de disolver el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, tramitar leyes anticorrupción, dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados con sectores sociales e implementar el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y reversar el uso inescrupuloso de armas de naturaleza autónoma cuyo bombardeo en Caquetá terminó con el asesinato de 8 menores de edad. En los pliegos de los marchantes también está presente la oposición al modelo económico neoliberal y extractivista. 

El llamado popularmente subpresidente Iván Duque, fiel al legado de su mentor Álvaro Uribe Vélez, por una parte, ha buscado un agente al cual culpar del inconformismo social: el Foro de Sao Paulo, el Presidente Nicolás Maduro, el Senador Gustavo Petro, entre otros, lo cual solo termina aumentando la xenofobia contra la población venezolana y colombovenezolana. De otro lado, ha hecho uso del aparato represivo del Estado, ha criminalizado y ha dado un tratamiento militar a la movilización en las calles, que deja como saldo la trágica muerte del joven Dilan Cruz (de tan solo 18 años), cientos de personas heridas, allanamientos, pánico colectivo e intimidaciones a lo largo del país. Nos encontramos frente al regreso de la política de seguridad democrática de la primera década del siglo XXI, vivida durante los gobiernos de Uribe Vélez.

Si bien volvió el Estado Autoritario uribista, la movilización refleja un cansancio popular frente al modelo económico y la clase dirigente: los marchantes gritan “no tenemos miedo”, “Estado asesino”, resuenan las cacerolas en diversos rincones de las ciudadesy no consideran válida la salida a la crisis que propone Iván Duque: el diálogo nacional, no tiene aceptación en los sectores hoy movilizados. La indignación aumenta con cada acción del presidente, con la represión y con el cierre de filas del sector económico y los partidos de derecha alrededor del ejecutivo.  Más allá de las demandas anteriormente descritas, también se ha puesto en el escenario la salida de Iván Duque de la presidencia, así como la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La capacidad de resistencia y la adecuada interpretación del momento político por los sectores populares y sociales serán los que indiquen si se harán ajustes al régimen y al modelo para la absorción sistémica del inconformismo o si se adelantarán por fin los cambios estructurales que requiere el país.

Demandamos a las autoridades gubernamentales, ajusten sus actos a las normas internacionales de protección de los Derechos Humanos, se abstengan de criminalizar la protesta social, invistiguen y castiguen a los responsables de los asesinatos de líderes sociales y actúen para que no vuelvan a ocurrir, garanticen los derechos económicos y sociales del pueblo y la paz de los ciudadanos.emandamos el cese inmediato de la criminalización de la protesta legítima, la represión policial y la violación de derechos humanos. Exigimos al Estado de Chile, a su gobierno y a la clase política en general que inicie una amplia e inclusiva conversación con los actores sociales para lograr construir un país más justo, igualitario y solidario. Por último, solidarizamos con el pueblo de Chile y celebramos su dignidad al levantarse contra la opresión.