Declaraciones y comunicados

Comunicado del Grupo de Trabajo Barrios, familias, y prisiones en circuito, manifestando su profunda preocupación por la situación de las cárceles argentinas en general

El grupo de trabajo “Barrios, familias y prisiones en circuito” manifiesta su profunda preocupación por la situación de las cárceles argentinas en general, santafesinas y bonaerenses en particular, luego de los violentos conflictos que en la tarde y noche del día 23 de marzo en dos prisiones de Santa Fe, terminara en la muerte de 5 detenidos –según fuentes oficiales que resultan desmentidas categóricamente por los detenidos.

Más allá de las especulaciones sobre el número de muertes, que resulta hoy un motivo de incertidumbre para muchas familias, nos interesa reconstruir aquí la ya larga historia de un estallido. Porque, como hemos afirmado en diversos comunicados en medios nacionales, los conflictos que se presenciaron ayer en medio de la cuarentena, son cualquier cosa menos algo imprevisto o inesperado. 

Los familiares de los detenidos, las personas que realizan trabajos de voluntariado, las universidades que tienen en ambas cárceles proyectos extensionistas, y los propios detenidos venían advirtiendo desde que la emergencia COVID-19 se declaró, que las condiciones de salubridad en que cumplían sus condenas, contradecían las pautas más elementales de prevención y contención del virus. Esas condiciones, lamentablemente, parecen idénticas a las de un sistema penitenciario gigante como es el brasilero. De acuerdo a los últimos informes técnicos,  tanto en Brasil como en Argentina, las prisiones albergan números ingentes de personas sin proveerles algo tan elemental como el agua –potable en Argentina, agua “a secas” en Brasil. Así, mientras el mundo libre enarbola la higiene sistemática y en profundidad, y adopta criterios muy restrictivos de cuarentena y aislamiento de la población  como única medida posible para contrastar la expansión del virus, las cárceles argentinas y brasileñas –fieles a su tradición– no sólo no proveen de elementos de higiene básica a los y las detenidas sino que, además, cortan la única vía de acceso a éstos, que se da a partir de las familias de las personas detenidas. 

Para ser más claros: la cárcel argentina –así como el resto de las cárceles latinoamericanas que con mayor o menor grado de comparación comparten los mismos problemas estructurales–  se encuentra habitada, hoy, por población mayoritariamente masculina y joven, proveniente de estratos sociales desaventajados, con poca o nula escolaridad previa y que, más por el lugar en que viven que por la comisión de delitos serios, resultan encarcelados varias veces en sus (generalmente) cortas vidas. En prisión, las condiciones de vida son paupérrimas –al hacinamiento se suman las aguas servidas, cloacas rebalsadas, humedades perennes, así como la inexistente o deficitaria atención  médica– pero, sobre todo, son incompatibles con una pandemia en curso como la que hoy nos aqueja. 

Frente a esta situación, en lugar de dar curso, por vía de la excepción que la pandemia autoriza (y, en cierta forma, exige), a medidas de reducción de la población carcelaria, tales como flexibilización de requisitos para el otorgamiento de arrestos domiciliarios, otorgamiento de libertades a detenidos que se encuentran “pasados” de los términos de sus condenas y, principalmente, liberación de los presos preventivos que representan más del cincuenta por ciento de las personas detenidas (dato que Argentina comparte con Brasil), nuestras administraciones penitenciarias en acuerdo implícito con las autoridades judiciales, resuelve endurecer aún más el encierro prohibiendo el trabajo en los talleres de las unidades, prohibiendo las visitas de los familiares y, en un gesto cuasi suicida, prohibiendo también que las familias envíen paquetes a sus familiares detenidos. 

Mediante esos paquetes, en Argentina como en la mayor parte de los sistemas penitenciarios del mundo, los familiares “dignifican” la cotidianeidad de sus seres queridos encerrados. En plena pandemia COVID-19, en esos paquetes no sólo “viajaba” la dignidad sino principalmente los elementos de higiene para mantener limpia la celda, desinfectarse las manos e higienizarse. 

La necropolítica de las administraciones penitenciarias santafesinas y bonaerenses, que históricamente no proveen elementos de higiene a sus detenidos y detenidas sino que estos se los deben procurar comprándolos en la cantina del penal o recibiéndolos de sus familiares, dejan sin efecto los trabajos que permitían obtener un peculio para “cantinear”, prohíben a los familiares el envío de paquetes y, en su lugar, no asumen su obligación prioritaria de proveerlos. 

A través de este comunicado, quiénes conformamos este Grupo de Trabajo y conocemos en profundidad las carencias y problemas estructurales de los sistemas carcelarios de nuestro continente, en particular el argentino, queremos llamar la atención de la comunidad en general sobre los siguientes aspectos:

IMPLEMENTACIÓN URGENTE DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS QUE PROTEJAN A LA POBLACIÓN DETENIDA Y LOS TRABAJADORES PENITENCIARIOS. Es imprescindible que el Estado implemente de manera inmediata políticas públicas que aborden la situación de personas encerradas en condiciones infrahumanas, fuera de toda norma de higiene y salubridad. De continuar esta situación, los riesgos de contagio y propagación del COVID-19 sobre la población encarcelada y la población de trabajadores penitenciarios son altísimos. Llamamos la atención de las autoridades políticas y judiciales en tanto que garantes de los derechos de toda la población.

REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN CARCELARIA. En directa relación con lo anterior pero también tomando en cuenta la insalubridad e inhumanidad de las condiciones de encierro,  es imperioso reducir la cárcel a su mínima expresión. Para esto, en gran parte basta con cumplir lo que dice la ley y liberar a todas aquéllas personas que están detenidas pese a haber cumplido con creces los términos legales; liberar a los presos preventivos que como dijéramos más arriba representan más del cincuenta por ciento de la población carcelaria y flexibilizar, como se ha hecho en otras latitudes, los requisitos para la concesión de arrestos domiciliarios. Instamos a las autoridades políticas a actuar en esta dirección.

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA EN LA FORMULACIÓN DE  POLÍTICAS DE GOBIERNO. Es perentorio reconocer a los detenidos y a sus familiares la condición de interlocutores válidos con quiénes acordar las medidas a adoptar en materia de higiene y salubridad para proteger tanto a los detenidos como al personal que trabaja en las prisiones y a sus familiares. Las cárceles no pueden seguir gobernándose como si fueran cápsulas absolutamente cerradas y sin comunicación con el exterior. Las familias de los detenidos están pendientes de lo que sucede con sus seres queridos encerrados, representan un sostén invalorable para soportar el encierro durante años y, además, asumen como propias las obligaciones que debería cumplir el estado en relación a la provisión de alimento y elementos de higiene a sus familiares detenidos. Sus opiniones y recomendaciones deben ser escuchadas al momento de adoptar medidas que los involucran.

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN INTERDISCIPLINARIA INDEPENDIENTE PARA LA INVESTIGACIÓN DE LAS MUERTES. Finalmente, y ante el trágico resultado de detenidos fallecidos cuyo número está aún en discusión, solicitamos a las autoridades nacionales y provinciales, la constitución de una comisión interdisciplinaria compuesta por actores políticos de las carteras de Justicia y Salud, delegados de la Red Nacional de Apoyo a los Familiares de Detenidos, representantes de las Universidades, familiares de detenidos y demás actores civiles que trabajan en las prisiones, para investigar de manera independiente los hechos ocurridos así como establecer de manera cierta el número de fallecidos. 

Marzo de 2020
Grupo de Trabajo CLASO
Barrios, familias y prisiones en circuito