26 de septiembre, 2019

Ayotzinapa, en busca de verdad y justicia

La noche del 26 al 27 de septiembre se cumplen cinco años desde que decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una población del sureño estado mexicano de Guerrero, fueron emboscados por policías uniformados. El saldo: 43 jóvenes desaparecidos, seis muertos y 25 heridos. Los jóvenes se dirigían a repudiar, como cada año, la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco en Ciudad de México, con cientos de estudiantes acribillados. Integran el colectivo de los normalistas, de corte socialista y asambleario, que se dicen herederos de la Revolución Mexicana de 1910.

En 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto intentó cerrar el caso acusando a “policías corruptos”  de Iguala de haber arrestado a los 43 jóvenes y entregado al crimen organizado, que los mató e incineró en el basurero de Cocula supuestamente al confundirlos por miembros de un cártel rival. Una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del que participaron activamente forenses del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), desmintieron con sólidas bases científicas las conclusiones oficiales, demostrando la imposibilidad de que los cuerpos de los 43 normalistas hayan sido quemados en Colula.

Con el cambio de gobierno, y la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, se les plantea a las nuevas autoridades el reto de relanzar la investigación.

Por lo pronto, en las últimas semanas se produjo la absolución por falta de pruebas de Gildardo López Astudillo, supuesto integrante del cártel Guerreros Unidos y sindicado en su momento como uno de los principales acusados por el ataque de 2014, y la liberación de 24 ex policías municipales presuntamente implicados en el caso. Además, 60 de las 107 pruebas del caso fueron declaradas «ilícitas» al ser en su mayoría confesiones conseguidas mediante torturas a los acusados o en detenciones arbitrarias.

El 11 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa ante quienes se comprometió a impulsar una nueva investigación. Como primera medida, se creó la “Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia”, formada por el Gobierno, las familias y organizaciones de derechos humanos.

En simultáneo, comenzó la excavación de un basurero inexplorado hasta ahora, muy cerca de Iguala, en la búsqueda de nuevos indicios.

El caso Ayotzinapa «mostró con toda su crudeza la realidad apabullante de las desapariciones forzadas en México», señaló Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y asesor de las familias. Lamentó que «en una investigación criminal el solo paso del tiempo conlleva la pérdida de evidencia», y señaló a Peña Nieto por haber «estirado» durante años una versión que no se sostenía para así sofocar la indignación social que despertó el caso.

Aguirre precisó que «no hay que partir de cero» dado que los expertos internacionales hicieron un «gran trabajo» y de la investigación oficial se puede rescatar todo el rastreo telefónico.

Cristina Baptista, cuyo hijo Benjamín de 19 años fue secuestrado en Iguala, calificó la versión de Peña Nieto como «mentira histórica» y subrayó que «este Gobierno es diferente del Gobierno anterior, que no hizo las búsquedas sino una simulación. Tenemos la esperanza de que pronto vamos a llegar a la verdad. La confianza se va a ir construyendo conforme vayan avanzando las investigaciones».


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