A medio siglo del último golpe militar en Argentina
Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado cívico-militar en Argentina que dio paso a una dictadura militar que duró hasta el retorno a la democracia el 10 de diciembre de 1983, con la asunción del presidente radical Raúl Alfonsín.
El origen de la más cruel dictadura militar de que tenga memoria el país sudamericano hay que buscarlo en la recurrente práctica de las Fuerzas Armadas de interrumpir regímenes democráticos débiles, inestables o adversos a los intereses de las clases dominantes (a quienes los uniformados representaban como guardia pretoriana) desde el primer golpe de la era moderna el 6 de septiembre de 1930 derrocando al entonces presidente constitucional Hipólito Yrigoyen.
Si bien es cierto que en 1976 Argentina atravesaba una extrema inestabilidad, agudizada tras la muerte de Juan Domingo Perón el 1 de julio 1974 y el acceso a la presidencia de su esposa María Estela Martínez de Perón, en un contexto de vacío de liderazgo y fuertes conflictos internos dentro del peronismo, con grupos paramilitares de extrema derecha (como la Triple A) que operaban bajo el amparo del Estado y grupos guerrilleros activos (como Montoneros y ERP), las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno a pocos meses de elecciones generales llamadas a reencauzar la vida democrática.
El contexto regional no fue ajeno a esa nueva irrupción de los militares argentinos, dictaduras ya se habían instalado en el Cono Sur Americano: Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Chile, amparadas en la Doctrina de Seguridad Nacional y el Plan Cóndor de coordinación represiva, impulsados por los Estados Unidos de Norteamérica en plena Guerra Fría.
Bajo el eufemismo de “Proceso de Reorganización Nacional”, la dictadura comandada por el general Jorge Rafael Videla eliminó todas las instituciones democráticas: disolvió el Congreso, prohibió los partidos políticos y suspendió los derechos constitucionales, se prohibió la actividad sindical, se intervinieron universidades, se quemaron libros y se censuraron medios de comunicación para controlar qué se pensaba y qué se decía, entre muchas otras medidas autoritarias.
Bajo el pretexto de combatir una «subversión» que en los hechos ya estaba muy debilitada, se implementó un plan sistemático de terrorismo de Estado. Esto incluyó el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas en centros clandestinos de detención, incluyendo la apropiación de niños y niñas llevados con sus padres o nacidos en cautiverio.
Sin embargo, el verdadero trasfondo de la toma del poder por los uniformados hay que buscarlo en las motivaciones de carácter económico y en la aspiración de imponer un cambio de modelo productivo. Este es un punto clave que muchas veces se oculta. El golpe tuvo en José Alfredo Martínez de Hoz, un economista representante de la cúpula empresarial argentina, el principal artífice del plan económico de la dictadura. En pocas palabras, bajo su mando se implementó la libre importación (que causó desindustrialización), la eliminación de controles de precios, y un cronograma de devaluaciones que provocó un atraso cambiario que erosionó el peso nacional. Además, su gestión facilitó un endeudamiento masivo (que creció de forma exponencial de 8.000 a 45.000 millones de dólares, comprometiendo el futuro del país hasta nuestros días) y favoreció a grandes grupos empresariales locales y extranjeros, mientras las clases bajas, los trabajadores y las trabajadoras sufrían pérdida de poder adquisitivo mientras la inflación seguía alta.
El objetivo perseguido era desmantelar el modelo industrial que Argentina tenía desde hacía décadas, donde las fábricas locales no podían competir con los productos baratos del exterior y muchas cerraron.
A todo ello se le sumó una reforma financiera: Se fomentó la «patria financiera» (la especulación) por encima de la producción de bienes.
Se entiende entonces por qué semejante plan económico necesitaba del terrorismo de Estado para aplicarse. Sin la represión a los sindicatos y a los delegados y las delegadas de las fábricas, a los profesionales y académicos y académicas, a las juventudes en general, no hubieran podido imponer medidas que perjudicaban tanto al pueblo.
Todo ello, bien vale mencionarlo, es la política que está impulsando el actual gobierno neoliberal de Javier Milei con todas sus leyes y alianzas.
El revés de la medalla, por tomar solo unos pocos ejemplos, lo vemos en las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en los familiares de los 30.000 detenidos-desaparecidos, los asesinados, los presos políticos, los torturados y los miles de exiliados, el gran faro de denuncia en el mundo de los crímenes de la dictadura. El pañuelo blanco y la consigna de “Memoria, Verdad y Justicia” son el símbolo de la resistencia al régimen de los generales, almirantes, brigadieres y grandes empresarios, que empujó, junto con la paulatina reorganización del movimiento obrero, el precipitado final de una dictadura que prometía quedarse por mucho tiempo y cuyo retorno a los cuarteles se vio precipitado por el fracaso de la Guerra de Malvinas en 1982 y el colapso económico.
Las enseñanzas del pasado reciente, a medio siglo del inicio de la dictadura y a 43 años de retorno a la democracia, son las que han de guiar a nuestras sociedades –en particular a las juventudes– a ser garantes de las libertades, en pos de más igualdad y derechos, en tiempos en que gobiernos que se amparan en el hecho de haber sido votados en elecciones libres, impulsan políticas públicas y planes económicos que van en contra de las aspiraciones y necesidades de las grandes mayorías, sin que les tiemble la mano para recurrir a la represión para intentar acallar toda protesta y oposición.
Acciones de CLACSO a 50 años del golpe de Estado en Argentina
