Oposición en las calles de Argentina a la nueva ley laboral
El jueves 18 de diciembre, grandes movilizaciones recorrieron las principales ciudades de la Argentina, con epicentro en Buenos Aires, contra la llamada «Ley de Modernización Laboral» que envió el presidente neoliberal Javier Milei al Parlamento.
Bajo la consigna “En defensa del trabajo y la dignidad”, en un documento leído en la Plaza de Mayo, las centrales sindicales convocantes denunciaron que el proyecto es una receta de los años 70 y 90 que ya fracasó en 2001 y que la normativa busca transformar el salario en una variable de ajuste para maximizar la rentabilidad corporativa.
El texto pone especial énfasis en tres puntos técnicos que consideran el fin de la justicia social:
El Banco de Horas: Se denuncia como la «destrucción de la frontera entre la vida y el trabajo», al permitir que las empresas dispongan del tiempo del trabajador según picos de demanda sin pagar recargos.
Fondo de Cese Laboral: Lo califican como la «financiación del despido por el propio trabajador», eliminando el carácter disuasorio de la indemnización.
Pago en Especies: Advierten que el regreso de conceptos no remunerativos (como los antiguos «tickets canasta») desfinancia el sistema previsional y la salud (obras sociales).
Además, denuncian un intento deliberado de desarticular la organización obrera mediante la prioridad del convenio por empresa sobre el convenio de actividad, lo que fragmenta la fuerza de negociación; limitación de asambleas y cuotas solidarias, buscando el desfinanciamiento de los sindicatos; restricción del derecho de huelga al declarar casi todas las actividades como «esenciales», lo que consideran una violación a los convenios de la OIT.
Finalmente, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) se declararon en «estado de movilización permanente» advirtiendo que si el Parlamento avanza con la sanción, la respuesta será un Paro Nacional por tiempo indeterminado.
Ejes Centrales de la llamada “Reforma Laboral” impulsada por el gobierno de Javier Milei:
1. Flexibilización del Ingreso y Egreso
Ampliación del Periodo de Prueba: Se extiende de forma generalizada a 6 meses (previamente era de 3). Durante este tiempo, el empleador puede rescindir el contrato sin causa y sin derecho a indemnización. Para las PyMEs, se han discutido extensiones de hasta 8 o 12 meses según el tamaño.
Fondo de Cese Laboral: Se habilita que, mediante convenio colectivo, las empresas reemplacen la indemnización tradicional por un sistema de capitalización individual o colectivo (aporte mensual del 3% del salario). Esto traslada el costo del despido a un fondo previo, eliminando la «indemnización por antigüedad». Como el Estado le permite al empleador descontar ese 3% de las contribuciones patronales que hoy van al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por la ANSES, el dinero que va a las jubilaciones iría a una cuenta (fideicomiso o fondo de inversión) destinada a pagar futuros despidos, desfinanciando aún más las cajas de jubilaciones públicas.
2. Modificaciones en la Jornada y Descanso
Banco de Horas: Permite la compensación de horas entre jornadas. Las empresas pueden exigir jornadas extensas en picos de demanda y compensarlas con francos o jornadas reducidas después, evitando el pago de horas extra tradicionales siempre que se respete el descanso de 12 horas entre jornadas.
Fraccionamiento de Vacaciones: Se permite dividir la licencia anual en tramos (mínimo de 7 días). El empleador debe garantizar vacaciones en verano al menos una vez cada tres años.
3. Desarticulación de la Protección Salarial
Componentes Retributivos Dinámicos: Se crea una categoría de «bonos de productividad» que pueden eliminarse unilateralmente sin que se consideren «derechos adquiridos» por costumbre.
Pago en Especie: Se flexibiliza el límite para pagar parte del salario en bienes, servicios o moneda extranjera.
4. Limitación de la Acción Gremial
Restricción al Derecho de Huelga: Se amplía la lista de «servicios esenciales» y «trascendentales» (salud, educación, transporte, logística, comercio digital). Estos sectores deben garantizar entre el 50% y 75% de prestación efectiva durante medidas de fuerza.
Penalización de Bloqueos: Los bloqueos o tomas de establecimientos se tipifican como «injuria laboral grave», siendo causal objetiva de despido sin indemnización.
