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Habitat III. Hacia una nueva agenda urbana
  Nº 9 - Noviembre 2016
 
AMÉRICA LATINA EN HÁBITAT 3: ENTRE OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PENDIENTES
Luis Bonilla Ortiz-Arrieta[*]
Nº 9/2 - Noviembre 2016

El pasado mes de Octubre, la ciudad de Quito fue anfitriona de la III Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, mejor conocida como Hábitat 3. Una instancia que ocurre cada veinte años y que tiene por objetivo establecer los principales lineamientos sobre el desarrollo urbano a nivel mundial, frente a los cuales los gobiernos establecen una serie de compromisos.

La región latinoamericana recibe a Hábitat 3 en un contexto muy particular. América Latina se coloca como la región más urbanizada del mundo, según los datos de UN-Hábitat (2012), actualmente más del 80% de la población habita en zonas urbanas. Asimismo, América Latina llega a esta conferencia reafirmando su posición como la región más desigual del mundo, recientemente CEPAL y OXFAM (2016) revelaron que de mantenerse la tendencia de desigualdad de la región, en los próximos 6 años el 1% más rico de la región tendrá más riqueza que el 99% restante.

En esta América Latina urbanizada y desigual, alrededor de 104,8 millones de personas habitan en espacios de la ciudad que en el lenguaje de Naciones Unidas se denominan asentamientos informales (UN-Hábitat, 2016). Según Cravino (2016), estos asentamientos son fragmentos de ciudad sin estatus de ciudad. Se trata de segmentos urbanos que se caracterizan por la irregularidad jurídica de la tenencia de la tierra, la falta o deficitaria accesibilidad a servicios básicos, la precariedad habitacional y toda una serie de dificultades para garantizar sus derechos humanos.

Los asentamientos informales en los que habita uno de cada cuatro de los latinoamericanos que habitan en las ciudades de la región, son una de las más agudas expresiones territoriales de las desigualdades sociales.  Sin embargo, son comunidades de ciudadanos que frente a la ausencia de las políticas públicas y la exclusión del mercado, ejercen soberanamente su derecho a habitar la ciudad a través de la producción social del espacio. A través de prácticas de subsistencia y resistencia que, por un lado, disputan los límites de las fronteras físicas, jurídicas, económicas, sociales y culturales que caracterizan a las segregadas ciudades latinoamericanas y que, por otra parte, tienen la capacidad de aportar nuevos elementos para entender los procesos de urbanización y los desafíos de la ciudades latinoamericanas.

En el proceso preparativo de la Nueva Agenda Urbana Mundial, que se acordó en octubre, se recalcó mucho la importancia de construir un nuevo paradigma del hábitat, que fuese capaz de hacerle frente a estos y otros desafíos. Uno de los aspectos que más destaca la Declaración de Quito, es el reconocimiento del Derecho a la Ciudad como una visión de las ciudades centrada en las personas y en la garantía de la calidad de vida de los ciudadanos.

A pesar de que se puede considerar una debilidad el hecho que la forma en que se desarrolla el concepto dentro de la declaración parece diluida de algunos elementos importantes o de estar incluida en un texto que a su vez contiene visiones que le son contradictorias, su incorporación es importante por varias razones.
En primer lugar, se sabe que el hecho de la inclusión del concepto  en sí fue producto de una intensa disputa, en la que se logró la articulación entre las iniciativas sociales y los gobiernos latinoamericanos alrededor de la promoción del Derecho a la Ciudad, frente a las reservas o negativas de los gobiernos de países occidentales. En ese sentido, es importante anotar la contribución latinoamericana a la inclusión de esta visión en la Nueva Agenda Urbana Mundial.

Asimismo, en distintos párrafos de la declaración se pueden encontrar elementos importantes para la promoción del Derecho a la Ciudad. Entre estos están el reconocimiento de la función social y ecológica de la tierra, el derecho a la vivienda, la participación ciudadana, el compromiso con la erradicación de la pobreza en todas sus formas, el reconocimiento de la diversidad de formas de tenencia de la tierra, la producción social del hábitat como iniciativa de construcción de ciudad, entre otros.

Sin embargo, estos elementos conviven con aspectos contradictorios que pueden contrarrestar los mencionados anteriormente. Como lo son la centralidad del crecimiento económico como función de las ciudades, el enfoque en la competitividad, las iniciativas para la promoción de las inversiones y el énfasis en las medidas de seguridad urbana. Y a su vez, quedan fuera o muy disminuidos otros elementos importantes del Derecho a la Ciudad, como la promoción de iniciativas económicas sociales y solidarias, la diversidad en todas sus dimensiones o la ampliación y profundización de la democracia.

En ese contexto, la temática de los asentamientos informales queda reconocida en la Declaración de Quito especialmente en lo que respecta a compromisos con llevar a cabo iniciativas de levantamiento de información sobre un tema que ha sido tradicionalmente invisibilizado, las políticas de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, el reconocimiento de la participación de los pobladores en las políticas y en la producción del hábitat, y la necesidad de canalizar recursos financieros para abordar estos compromisos.

Más allá de las oportunidades que representan los compromisos anteriores, se puede observar que se mantiene un enfoque que limita la visión a una problemática de carácter focalizado, en desmedro de una comprensión integral del fenómeno como manifestación aguda de dinámicas estructurales de la desigualdad. Que por lo tanto requiere de reformas sociales profundas encaminadas hacia un verdadero cambio de paradigma urbano, a través de iniciativas como la transformación de la producción y distribución económica, la ampliación del régimen de lo público, la profundización de los sistemas democráticos o el compromiso con la universalización de los derechos sociales de forma integrada con los civiles y políticos.

Avanzar sobre este camino permitiría abordar la problemática de los asentamientos informales y otras manifestaciones de la segregación urbana desde una perspectiva que dé cuenta de la complejidad de los fenómenos sociales de forma integrada, que además de políticas sectoriales, requiere de una verdadera reforma social y económica de los Estados latinoamericanos para enfrentar los desafíos actuales.

En ese sentido, el fortalecimiento del Derecho a la Ciudad como nuevo paradigma urbano es un campo de oportunidad, puesto que permite articular las diversas luchas por la defensa y transformación del territorio, y dotarlas de un significado político transformador capaz de disputar los paradigmas predominantes. El reconocimiento de esta visión en Hábitat 3, con sus fortalezas y debilidades, representa un paso más en el camino y abre nuevas oportunidades para los desafíos que continúan pendientes.

Su cumplimiento, ampliación y profundización dependerá en gran medida de la capacidad de articulación de distintas iniciativas sociales y políticas. Donde la unión de esfuerzos entre organizaciones de base, movimientos populares, organizaciones sociales y academia, se vuelve fundamental para que desde la ciudadanía podamos ir constituyendo reivindicaciones, demandas e iniciativas colectivas que permitan ir ampliando los límites de posibilidades que hoy están contenidos en la Declaración de Quito y que vayan dando nuevas formas a la transformación social de las ciudades de América Latina.







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[*] Luis Bonilla Ortiz-Arrieta
Economista y Director Operativo de TECHO Internacional

Referencias
CEPAL y OXFAM. (2016). Tributación para un crecimiento inclusivo. Santiago, Chile.
Cravino, M. (2016). Los asentamientos informales en América Latina. En TECHO Internacional (Ed), Curso Virtual sobre el Derecho a la Ciudad
UN-Hábitat. (2016). Urbanization and development: Emerging futures. World Cities Report 2016. Nairobi, Kenya
UN-Hábitat. (2012). Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe. Nairobi, Kenya


 
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