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Perdiendo el juicio en América Latina - La judicialización de la política en la región
  Nº 6 - Mayo 2016
 
ELEMENTOS SOBRE LA JUSTICIA Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
HOY EN COLOMBIA
Freddy Ordóñez Gómez [1]
Nº 6/3 - Mayo 2016
 

Introducción
Las lecturas que se hacen hoy sobre la administración de justicia en Colombia dan cuenta de un sistema en crisis que exige cambios urgentes orientados a, por una parte, la implementación de reformas especialmente para su descongestión y eficiencia y, de otro lado, la necesidad de la “despolitización” del aparato judicial. Estas miradas que se han establecido como dominantes, no consideran otros aspectos de temas que son del orden de la administración de justicia, que, a pesar de su importancia, no son de un fuerte interés de la opinión pública y los medios, como lo es la disposición o no hacia el cambio social de los fallos judiciales.

Hacía estos últimos temas apunta este breve texto, analizando dos escenarios el constitucional y la justicia transicional. En primer lugar, se presenta una aproximación que presente rasgos de la actual Corte Constitucional y su vocación “transformadora”. El segundo escenario es el de la justicia transicional y la orientación de sus sentencias hacia el cambio.

La Corte Constitucional y la pérdida de su carácter transformador
La Corte Constitucional de Colombia ha sido considerada como una de las más progresistas en materia de garantía de derechos (Noguera, 2010: p. 135), llegando incluso su jurisprudencia a ser considerada una contribución decidida al inicio de la construcción de un Estado social de derecho (Arango, 2009, p. 302), al igual que transformadora en el marco de lo que Ramiro Ávila Santamaría ha definido como el neoconstitucionalismo transformador andino (Ramírez, 2011: p. 16). Aunque, se debe advertir que estas lecturas en buena medida se ubican en la primera década de existencia del máximo tribunal de lo constitucional en el paíso en lo que fueron las dos primeras generaciones de magistrados de esta Corporación, pero hoy en día, sus integrantes en lugar de acercarse a unos magistrados que se proyecten como juristas orgánicos (Carvalho, 1997, p. 52)se está ante una conservadurización de la Corte Constitucional (Noguera, 2010, p. 135), que se suma de forma preocupante a aspectos en los que ésta ha guardado silencio o ha sido moderada en sus sentencias.

Sobre este último aspecto, los silencios de la Corte, si bien coincidimos con Gargarella en que “el cambio social no empieza en los tribunales ni termina en ellos” (Lascarro, Lascarro y Martínez, 2013, p. 243), se debe señalar que el máximo tribunal de lo constitucionalha evadido de manera general en sus sentencias temas como poder constituyente, ideología, democracia, capitalismo, entre otros (Lascarro, 2012, p. 62). En este orden, el Estado Social de Derecho consagrado en la Carta Política de 1991 -ampliamente debatido y desacreditadoen el escenario político y social- para el alto tribunal es incuestionable, y, a pesar de afirmar que la Constitución no acoge un determinado sistema económico (Corte Constitucional, 1993), es claro que ésta ha favorecido en sus sentencias la economía capitalista por encima incluso de otras economías (v.gr. campesina, indígena )bien a través de jurisprudencia que aborda temas macroeconómicos, de mercado (v.gr. estudios de constitucionalidad de Tratados de Libre Comercio, TLC) o mediante la llamada opacidad del derecho (Cárcova, 2006).

Ahora bien, la Corte ha sido diligente en el amparo de algunos derechos como la saludy de sectores poblacionales específicos (la población víctima de desplazamiento forzado), pero no ha sido un accionar que permita por vía judicial garantizar los derechos sociales y lograr que el Estado social de derecho sea algo más que una aspiración (Arango, 2009, p. 318).

Finalmente se debe destacar que en el último periodo dos magistrados de la Corte han estado envueltos en polémicas. El primero, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, jurista conservador con muy buenas relaciones con las élites políticas, económicas y militares, está siendo actualmente investigado en el Congreso por el presunto cobro de $500 millones para influir en el fallo de una acción de tutela en favor de una empresa. El segundo togado es Alejandro Linares Cantillo, nombrado a finales de 2015 como nuevo integrante de la Corporación, ha hecho su carrera fundamentalmente en el sector privado, asesorando a grupos empresariales y multinacionales, también ha ejercido como vicepresidente de Ecopetrol. Su nombramiento fue cuestionado por organizaciones defensoras de derechos humanos quienes ven en él, al representante en la Corte del empresariado.

Los escenarios de Justicia Transicional
Un segundo tema de particular interés en la justicia colombiana son los escenarios de Justicia Transicional existentes, los cuales tendrán que entrar a dialogar con los que se abrirán con la negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP y los que lleguen a surgir del proceso conel ELN.

Actualmente existen en el país dos marcos jurídicos de Justicia Transicional, el primero, es el de Justicia y Paz. Este se deriva de la Ley 975 de 2005 bajo la que se efectuó el proceso de desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. El escenario ha permitido conocer un total de 57.883 hechos confesados que corresponden a 84.354 víctimas y ha arrojado 33 sentencias que involucran a 116 postulados. Ahora bien, un análisis de este proceso lleva a señalar que permitió avanzar en la caracterización y enjuiciamiento por crímenes cuya magnitud no había sido considerada en el marco del conflicto, como es el caso de la desaparición forzada. De otra parte, existe una gran cantidad de información que da cuenta de la relación de miembros y mandos de la fuerza pública, así como integrantes de las élites políticas y económicas que promovieron, apoyaron y se beneficiaron del accionar paramilitar. En este aspecto existe un gran trabajo por hacer, que requiere un despliegue institucional significativo con el fin de que se identifiquen las responsabilidades de los brazos políticos y económicos del paramilitarismo. Dentro de los aspectos negativos que ha dejado el proceso se encuentran la extradición hecha por el gobierno Uribe a los EE.UU. de la comandancia de las AUC, el rearme y copamiento de zonas de antiguo control de las AUC por grupos paramilitares, la forma en que se han dado las reparaciones y la falta de compromiso institucional para poner en marcha órdenes y exhortos incluidos en los fallos.

El segundo escenario es el de Restitución de Tierras, contenido en la Ley 1448 de 2011, éste se ha presentado como lento en términos de su resultado frente a las dimensiones del abandono y despojo forzado de tierras, pero ha sido significativo en tanto ha logrado evidenciar a élites económicas que se beneficiaron de los crímenes, siendo claro que esta jurisdicción tendrá un alcance limitado si no se les persigue. El descubrimiento y la persecución de estos vínculos es temida por políticos, empresarios y gremios del sector rural, como la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan, que ha encontrado en el actual Procurador Alejandro Ordóñez, un aliado clave para oponerse a la restitución. Al igual que en Justicia y Paz las órdenes de las sentencias de restitución que implican acciones del Estado que garanticen derechos más allá de la mera restitución del prediohan encontrado un andamiaje institucional que no garantiza el goce efectivo de derechos de la población campesina y víctima.

Es posible afirmar en el caso de las jurisdicciones de justicia transicional existentes que la ideología jurídica (Correas, 2002) contenida en las sentencias se orienta más al controvertir el orden social hegemónico, sus expresiones en la ruralidad y el uso que han hecho de la violencia estatal y paraestatal, siendo, incluso, más transformadoras -las sentencias- que los marcos legales que dan origen a las jurisdicciones, que presentan una ideología del derecho (Correas, 2002) más afín a la clase gobernante.

Así las cosas, vemos como en el caso de la Corte Constitucional esta se orienta peligrosamente hacia el conservadurismo, lo que ya se ve reflejado en la ideología contenida en las sentencias, mientras que, las apuestas de justicia transicional han tomado marcos legales de los que -por su origen- no se tenían mayores expectativas para generar procesos interesantes de jurisprudencia con una orientación más progresista. Estas tendencias en la justicia deben ser consideradas en los necesarios cambios del aparato judicial que vendrán como parte de los procesos de paz con las insurgencias armadas.







REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arango, Rodolfo (2009). La jurisdicción social de la tutela. En: Courtis, Christian y Ávila Santamaría, Ramiro (Eds). La protección judicial de los derechos sociales (pp. 301-319). Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Ávila Santamaría, Ramiro (2011). El neoconstitucionalismo transformador. El Estado y el derecho en la Constitución de 2008. Quito: Abya Yala y Universidad Andina Simón Bolívar.

Carcova, Carlos María (2006). La opacidad del derecho. Madrid: Trotta.

Carvalho, Amílton Bueno de (1997). Magistratura e direito alternativo. Rio de Janeiro: Luam.

Correas, Óscar (2002). Sociología del derecho y crítica jurídica. México: Fontamara.

Corte Constitucional de Colombia (1993). Sentencia T-380. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Corte Constitucional de Colombia (2015). Sentencia T-438. MP. Jorge Ignacio Pretelt.

Lascarro, Diemer; Lascarro, Carlos & Martínez, Leonel (2013). Hacia una (re)construcción de la izquierda constitucional en Latinoamérica: una discusión con Roberto Gargarella. El Otro Derecho, 48, 231-246.

Lefkaditis, Patrick & Ordóñez Freddy (2014). El derecho a la reparación integral en Justicia y Paz. El caso Mampujan, Las Brisas y veredas de San Cayetano. Bogotá: ILSA.

Noguera Fernández, Albert (2010). Los derechos sociales en las nuevas constituciones latinoamericanas. Valencia: Tirant lo blanch.

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[1] Abogado - Magister en Derecho. Investigador del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA. Miembro del Grupo de Trabajo “Crítica Jurídica Latinoamericana. Movimientos sociales y procesos emancipatorios” de Clacso. Véase la Sentencia T-438 de 2015 (declarada nula mediante Auto 583 de 2015), en la que la Corte emite una serie de órdenes al Gobierno nacional que implican cambios en la actividad económica orientados a favorecer el capitalismo, como son el fortalecimiento de los procesos de formalización de minería tradicional, la capacitación de los mineros informales para que logren competitividad y productividad y la vinculación de estos mineros artesanales a empresas del sector minero como obreros. (Corte Constitucional, 2015).

 
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