| Equipo
 
 
 
Perdiendo el juicio en América Latina - La judicialización de la política en la región
  Nº 6 - Mayo 2016
 
EL PROBLEMA DE LA JUSTICIA PENAL COMO GARANTE
DE LA ÉTICA PÚBLICA
Roberto Manuel Carlés [1]
Nº 6/2 - Mayo 2016
 

La justicia y la política. La judicialización de la política es una cuestión que, a pesar de su enorme actualidad en América Latina y en todo el mundo, no es novedosa en absoluto. A grandes rasgos, y simplificando en extremo la problemática, podríamos decir que la política se judicializa cuando los políticos son incapaces de resolver los conflictos propios en el plano al que pertenecen. Esto se verifica especialmente cuando, por ejemplo,en nombre de la defensa de la democracia y de la integridad de las instituciones de la República, quienes pierden una votación legislativa recurren al poder judicial con la intención de que algún juez – que puede ser cualquiera en un sistema de control de constitucionalidad difuso como el argentino – declare la invalidez de la ley en cuestión. Así, iniciativas del poder ejecutivo con amplio apoyo legislativo – como las medidas económicas y sociales del New Deal del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, o como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual argentina, que contó además con el apoyo de partidos de la oposición – terminaron definiendo su suerte en los tribunales.

Desde luego, el poder judicial ejerce una función contra-mayoritaria que tiene como fundamento la necesaria tutela de la Constitución frente a los actos de los poderes ejecutivo y legislativo, que pudieren vulnerarla. Pero a menudo el poder judicial pervierte esta potestad, y se convierte en garante no ya de la plena vigencia de la Constitución, sino de los intereses de quienes han sido vencidos en la arena política, sea que fuere en una sesión parlamentaria o en una elección. Así, so pretexto de proteger los derechos de las minorías o el interés general frente a decisiones supuestamente inconstitucionales, los jueces asumen la defensa de los intereses de grupos concentrados de poder en detrimentolos de los sectores populares, mayoritarios y, muchas veces, más vulnerables de nuestras sociedad.

En cambio, cuando se habla de “politización de la justicia” pareciera desconocerse, en primer lugar, que la tarea de los jueces es política, propia del sistema político en tanto integran uno de los tres poderes del Estado. En segundo lugar, se ignora – o se oculta –que en la enorme mayoría de los casos, los jueces son, de algún modo modo, un producto de la política, sea porque tienen vinculaciones estrechas con partidos políticos o porque sus designaciones fueron el resultado de negociaciones entre partidos en las cuales alguna fuerza política optó por ellos. Esto, desde luego, no es algo negativo para el funcionamiento de las instituciones, en la medida en que esas relaciones sean visibles y las preferencias personales de los magistrados no afecten su imparcialidad.

Actualmente, en la región, estas desviaciones de algunos sectores del poder judicial acarrean dos grandes riesgos que pueden tener consecuencias gravísimas para la estabilidad institucional de nuestras repúblicas. El primero, y quizás el más evidente, es que por medio de cruzadas anticorrupción selectivas, se destituyan autoridades constitucionales legítimas, rompiendo con el contrato social mínimo en una democracia que obliga a respetar la voluntad popular. Esto es sumamente peligroso en casos como el de Brasil, en que desde el momento en que Dilma Rousseff asumió su segundo mandato, las corporaciones mediáticas, los grupos concentrados económicos y financieros y los partidos de la oposición, se han empeñado en encontrar el modo de derrocar a la Presidenta.

El segundo riesgo, no menos importante pero quizá sí menos evidente que el primero, es que de todo este proceso, en el que algunos jueces que siempre fueron cómplices de los poderes de turno y que de pronto, como por arte de magia o por obra de alguna visión mística, despertaron a la luz de la verdad y la justicia, resulte gravemente herida la imagen y la credibilidad de todo el poder judicial.

La era de la desconfianza. No cabe duda de que vivimos en un tiempo en el que el voto de confianza que se otorga a un candidato en un acto electoral dura no ya unos meses, sino apenas unas pocas horas. No sólo se han desdibujado las tradicionales lealtades políticas fundadas en el sentimiento de pertenencia a un partido. La ciudadanía ya no emite más un “cheque en blanco” a quien triunfa en las elecciones, y las “lunas de miel” con los nuevos gobiernos son cada vez más cortas. Lo que domina la escena es la desconfianza y se exige que las autoridades rindan cuentas en forma clara y permanente, de sus gestiones y, en particular, de la administración de los fondos públicos.

A riesgo de apresurar diagnósticos, quienes han estudiado la cuestión coinciden en que ello se debe, en cierta medida, a la difusión de cierto sentimiento antipolítico, a la multiplicidad de demandas sociales y a la forma en que éstas se canalizan en acciones concretas.

De estos factores, y de otros que no podemos abordar aquí, surge la demanda de transparencia, una exigencia fuertemente instalada en amplios sectores de nuestras sociedades, alentada por los medios masivos de comunicación – según les convenga en determinados momentos – e instrumentalizada por un amplio abanico de políticos, tanto para hacer proselitismo con fines electorales como para atacar a quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de un país. Esta demanda también es alimentada por algunas organizaciones no gubernamentales cuyos principales referentes suelen convertirse en funcionarios de gobiernos, olvidando con facilidad la noble causa de la ética pública.

Otro fenómeno interesante es el que se verifica con algunos políticos quea menudo reducen todo el contenido de sus propuestas a la cuestión de la transparencia y de la ética pública, convirtiendo lo que debería ser el presupuesto o punto de partida para quien se interese por la cosa pública y aspire a administrar los recursos públicos en pos del interés general, en el contenido único de sus plataformas electorales. Con acierto se ha denominado a esta desviación como “honestismo”. Muy frecuentemente, el acento en este tipo de cuestiones permite desviar el eje del discurso y de la agenda política de otros temas sobre los cuales, si respondieran con honestidad, perderían seguidores.

Cuando la justicia penal se convierte en garante de la ética pública. Frente a un escenario en el quetodas las categorías de la discusión y de la acción política parecen reducirse a la dicotomía legal/ilegal (basta para ello detenerse a ver qué se discute en los programas políticos, en la televisión), el derecho penal asume la función de garante último de la ética pública. Se crean nuevos tipos penales, algunos como consecuencia de la influencia de organismos internacionales y de los intereses particulares de los Estados que los sostienen y financian. La creación de estos nuevos delitos tiene como finalidad manifiesta la de reprimir y, antes, prevenir conductas que afecten el interés general, y que en principio, los tradicionales delitos contra la administración pública no abarcarían por completo.

Pero en rigor de verdad, es la finalidad latente detrás de esta proliferación normativa la que interesa a los organismos que presionan a los distintos poderes del Estado en ese sentido. Es que de ese modo, estos organismos resultan habilitados para ejercer auditorías y controles periódicos no sólo sobre la legislación nacional, sino también sobre los actos del poder ejecutivo y sobre los del poder judicial. Según cómo califiquen esos resultados, los países bajo su examen integrarán listas negras, grises o de algún otro color. En ello se juega, entre otras cosas, la posibilidad de pertenecer a foros internacionales como, por ejemplo, el G-20.

También se propician otras reformas legislativas, como la delación premiada (“el arrepentido”), que en rigor de verdad consiste en conceder un enorme beneficio a un delincuente a cambio de que incrimine a quien haya sido seleccionado por el poder como principal blanco de la persecución penal.

Cuanto deba ser transformado en materia de ética pública debe serlo, ante todo, a nivel político y cultural. Delegar estos problemas en el derecho penal denota que no se sabe, no se puede o no se quiereresolver la cuestión de fondos, por ejemplo, la del financimiento de los partidos políticos.







___________________________

[1] Abogado y jurista argentino. Doctor en Derecho por la Università degli Studi di Ferrara. Doctor en Ciencias Penales por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Presidente del Comité de Jóvenes Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología. Becario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en 2011

 
  Descargar Descargar
 
 
MEGAFÓN es una contribución del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales al debate amplio y plural sobre la coyuntura latinoamericana y los asuntos más relevantes de la agenda global. Publica especialmente la opinión de colaboradores/as de los programas y proyectos de CLACSO, aunque sus escritos no expresan la posición oficial de la institución sobre los temas tratados. Las opiniones aquí publicadas son, de esta forma, responsabilidad exclusiva de sus autores y autoras.
 
CLACSO
Secretaría Ejecutiva
Estados Unidos 1168 | C1101AAX | Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel. [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875
clacsoinst@clacso.edu.ar | www.clacso.org
clacso.org clacso librería biblioteca virtual clacso.tv