| Equipo
 
 
 
LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL
  Nº 18 -Octubre 2017
 
El cambio climático o la tarea pendiente de superar el anacrónico y declinante modelo de desarrollo venezolano
Antonio de Lisio [*]
Nº 18/4 - Octubre 2017

Las nuevas condiciones climáticas nos empujan hacia un cambio energo-civilizatorio sustentado en fuentes renovables y circulantes, que reclaman de parte de Venezuela un compromiso en tanto país petrolero y, a la vez, megadiverso.

Los pronósticos de cambio climático para Venezuela indican que para los próximos 50 años está previsto un aumento de la temperatura atmosférica entre 0,3°C a 3,5°C, dependiendo del lugar del país. También, preveen una disminución de la disponibilidad de agua debido al aumento de la tasa de evaporación y cambios en el patrón de distribución anual de las lluvias, con consecuencias negativas especialmente en el sur guayanés-amazónico del país, lugar en el que se concentran los principales cuerpos de agua. La escasez de agua también afectará al Centro Llanero, donde se localizan importantes áreas para la producción agrícola y ganadera. Las estimaciones de cambio climáticos, además, vaticinan un aumento de la frecuencia de las lluvias de alta intensidad, que han tenido en las últimas dos décadas fuerte impacto en la fachada norte andina caribe, donde se concentra el 60% de la población nacional, produciendo deslaves como el ocurrido en 1999, en la Región Metropolitana de Caracas.

Figura N° 1 Distribución de la población en Venezuela

De manera especial, preocupa en este territorio septentrional el incremento del nivel del mar, pronosticado en hasta un metro, y su impacto sobre las poblaciones humanas asentadas a lo largo de los casi 2500 kilómetros. Se trata de la vulnerabilidad climática que afecta a alrededor de 5 millones y medio de personas (el 20% de la población nacional y un tercio del total andino-costero) y a importantes obras de infraestructura: muelles, puertos, aeropuertos, actividades pesqueras, industriales, comerciales y turísticas. Para comprender la trascendencia y profundidad de las distintas disrupciones climáticas sobre los diferentes sectores del territorio, hay que considerarlas en el marco más envolvente de las implicaciones socio-económicas nacionales que el cambio climático tendría para un país que, durante las últimas nueve décadas, ha implementado un modelo rentístico petrolero de desarrollo. Modelo que se ha exacerbado en las últimas dos décadas, durante las cuales los gobiernos del proceso bolivariano han profundizado la dependencia a la monoproducción petrolera. En estos momentos genera alrededor del 95% de las exportaciones y divisas del país.

Venezuela participa con el 0,48% de las emisiones globales de los Gases Efecto Invernadero (GEI), uno de los principales causantes del calentamiento global, y con ello se ubica en el puesto 33 del ranking mundial de total de emisiones. Más aún, su per cápita es preocupante, ya que con el equivalente al 0,042% de la población total del planeta, produce emisiones GEI en un orden 10 veces mayor.

Venezuela está de espaldas al consenso mundial de sustituir al petróleo como principal tipo de energía, fuente fundamental de dióxido de carbono y responsable primordial del aumento de temperatura. El futuro de este hidrocarburo se vislumbra como muy condicionado, entre otros motivos, por la alta carga impositiva con la que se pecha el consumo de gasolina y demás derivados, no solamente en los países desarrollados sino, inclusive, en muchos de aquellos beneficiado por el convenio Petrocaribe.

Se está a las puertas de un cambio energo-civilizatorio sustentado en fuentes renovables y circulantes. En estos momentos los venezolanos, en especial los gobernantes, deberíamos tener particularmente presente la advertencia que realizó al jeque Yamani cuando en su condición de Secretario General OPEP (1974-1975), señaló que a la era del petróleo le podría ocurrir lo mismo que a la edad de piedra que terminó no precisamente por falta de piedras.
Además, el cambio de modelo en el país debe ser asumido también como consecuencia del declive histórico del rentismo petrolero como palanca del crecimiento económico nacional durante los últimos 50 años; una responsabilidad por lo tanto de todos los gobiernos nacionales desde el último tercio del siglo XX hasta el presente. Desde los años 70 se ha crecido en promedio menos del 1% anual frente a una tasa de incremento demográfico entre dos y tres veces superior. La situación de estancamiento económico ha dado paso en los últimos tres años a una profunda recesión, conllevando a un proceso acelerado de empobrecimiento, entre los más drásticos de los registrados en el mundo entero.

La necesidad de un cambio económico ha sido reconocida por el gobierno actual, sin embargo, en lugar de buscar respuesta en correspondencia con los compromisos que como país megabiodiverso debemos asumir frente a las nuevas condiciones climáticas, se hace precisamente lo contrario. Más aún, el gobierno venezolano está introduciendo la sustitución la renta petrolera por la renta minera.

Si bien el extractivismo minero no está asociado a las emisiones GEI, sí es causa de deforestación; es decir, de la merma del sumidero de dióxido de carbono por excelencia, tal como se recoge en los acuerdos que se han venido firmando en el mundo sobre Cambio Climático, desde la Cumbre Ambiente y Desarrollo ONU de Río de Janeiro de 1992.

Todos los instrumentos internacionales que se han promovido en estos últimos 25 años han sido firmados y ratificados por Venezuela. El país no ha dejado de asistir a ninguna de las conferencias anuales para tratar el tema, como las siempre publicitadas COP, que se han realizado desde la firma del Protocolo de Kioto. Sin embargo, no se ha logrado implementar ninguna de las medidas aprobadas en estos encuentros, en especial las referidas a contener la deforestación anual de 3.000.000 hectáreas que se estiman en el país. Superficie que, de acuerdo a FAO, equivale al 0,6% de la superficie boscosa del país.

De continuar con esta tasa de degradación corremos el riesgo de perder toda nuestra cubierta boscosa en menos de 200 años. Los gobiernos, en este caso los bolivarianos, que les ha correspondido implementar medidas COP, han sido muy negligentes en el aprovechamiento de las oportunidades. Tal es el caso de de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), que se han negociado entre las partes para intentar reducir los efectos del cambio climático.
Venezuela y Paraguay son los únicos países en Suramérica que no han concretado acuerdos del Programa ONU de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) de los bosques. En el caso venezolano se utilizan argumentos ideológicos, como aquel que indica que el referido mecanismo beneficiaría al capitalismo mundial. Un supuesto francamente tan débil que ni siquiera comparten los restantes socios de la ALBA, que sí han aplicado al programa. Más aún, Bolivia, que mantuvo una posición muy crítica frente a REDD en la COP 16 de Cancún, también ha adherido al programa.

En la emblemática COP 21 de París, Venezuela presentó como logro, frente a la reducción de la cubierta vegetal, el muy insuficiente programa de reforestación Misión Árbol que, iniciado en 2004, había logrado recuperar hasta 2015 poco más de 14000 hectáreas. Es decir, unas 1.500 por año, lo que que equivalea reforestar a una tasa 2000 veces menor a la que se deforestó cada año.

El Arco Minero o como el remedio puede ser peor que la enfermedad
Tal como se mencionó, desde el 2014, Venezuela ha estado experimentado una recesión económica, causada fundamentalmente por la reducción de los precios del barril de petróleo en los mercados internacionales, con efectos catastróficos en un país que exacerbó la dependencia a la venta de petróleo.

Las consecuencias sociales se han traducido en desmejoras nunca antes vistas en el abastecimiento de alimentos, medicinas y, en general, en las condiciones de vida. De acuerdo a diversos estudios, se estima que alrededor del 83% de la población no gana lo suficiente para cubrir los costos de la cesta básica de alimentos. Muchos han dejado de hacer tres comidas al día, y cada vez más se ve gente comiendo en la calle, de la basura.

Se trata de una situación particularmente crítica para los que padecen de enfermedades crónicas como el cáncer y diabetes, ya que no se consiguen conseguir los medicamentos esenciales para su cura. Las asociadas a la transmisión por vectores biológicos -como dengue, chikonguya, malaria- se han incrementado debido a la falta de inversión en prevención sanitaria, acción centralizada por el gobierno nacional.


Ante el ya crónico declive petrolero, la presidencia de la República ha iniciado desde el 2016, una ofensiva minera concentrada en el reduccionistamente denominado Arco Minero del Orinoco, un territorio que abarce 111.843,77 km2. En este amplio espacio que corresponde al 12% del territorio terrestre venezolano, y equivale a dos veces la superficie de Costa Rica, se localizan un conjunto de potencialidades que permitirían iniciar la transición, ante el ocaso del modelo petrolero, hacia el desarrollo sustentable nacional climáticamente adaptativo. Pero en cambio, se planea diezmar más de 80 mil km2 de bosques locales, con la consecuente afectación de los ríos más caudalosos del país, para explotar oro, hierro, aluminio, coltan, entre otros minerales. Explotación que dejaría unos beneficios realmente pírricos, estimados por el propio gobierno entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales. Una cifra irrisoria para mantener la economía primaria exportadora, dependiente de la importación del exterior inclusive en sus requerimientos más básico, como comida y medicinas.

Además de profundizar los desbalances de su comercio internacional, el gobierno está cometiendo el exabrupto de menospreciar el valor como servicio ambiental de los principales biomas presentes en el área, como los humedales vontinentales y bosques tropicales. Nuestras estimaciones -realizadas utilizando los indicadores acreditados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)- indican que el valor de los bosques, ríos, humedales, y demás bienes de la naturaleza en superficie, subestimada por los recursos mineros del subsuelo, es 24 veces superiores al ingreso de la renta destructiva y tóxica de la minería. Como una de las amenazas principales de la distopía minera que pretende el gobierno, debe destacarse la afectación de la generación hidroeléctrica de Guri, represa generadora del 70% de la energía nacional, enclavada en el área que se pretende devastar. Si se afecta irreversiblemente este suministro estaríamos frente al colapso de las, una vez más, muy menguadas condiciones de vida del venezolano.

La irresponsabilidad climática, para decir lo menos, que el gobierno nacional está mostrando con proyectos como el Arco Minero, corona casi 20 años de desidia. Así, mientras los restantes países latinoamericanos han venido cumpliendo con sus estudios y auditorías nacionales, Venezuela aún no ha presentado la 2° Comunicación de Cambio Climático. Son más de diez años de retraso, que reflejan el poco interés de respuestas serias frente al problema del calentamiento climático y el aumento del nivel del mar.

En estos asuntos, así como tenemos compromisos mundiales como país petrolero, los tenemos sobre todo como país megabiodiverso. El gobierno debería comprender mejor las oportunidades que le brinda el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios de biodiversidad, no solamente como aporte a la humanidad en su conjunto sino, especialmente, para salir de la crisis económica y social, que está convirtiendo a Venezuela en la mayor paradoja mundial del “pobre país rico”.

___________________________


[*] Antonio de Lisio - es coordinador del Grupo de Trabajo de CLACSO Justicia climática y gobernanza ambiental. Profesor titular de Universidad Central de Venezuela.

 
  Descargar Descargar
 
 
MEGAFÓN es una contribución del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales al debate amplio y plural sobre la coyuntura latinoamericana y los asuntos más relevantes de la agenda global. Publica especialmente la opinión de colaboradores/as de los programas y proyectos de CLACSO, aunque sus escritos no expresan la posición oficial de la institución sobre los temas tratados. Las opiniones aquí publicadas son, de esta forma, responsabilidad exclusiva de sus autores y autoras.
 
CLACSO
Secretaría Ejecutiva
Estados Unidos 1168 | C1101AAX | Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel. [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875
clacsoinst@clacso.edu.ar | www.clacso.org
clacso.org clacso librería biblioteca virtual clacso.tv