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LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL
  Nº 18 -Octubre 2017
 
El cambio climático como problema eco-político
Gabriela Merlinsky [*]
Nº 18/3 - Octubre 2017

El potencial destructivo del cambio climático es uno de los problemas públicos más complejos de este siglo, y constituye un reto existencial para las futuras generaciones. Las crecientes tasas de extracción de recursos naturales y la quema de combustibles fósiles son las principales causas de la mayor inestabilidad climática. La sostenibilidad global depende más que nunca de un cambio de naturaleza eco-política. Dos inundaciones ocurridas en Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en la cuenca-Matanza Riachuelo, respectivamente, permiten ilustrar el papel del Estado y de diferentes actores sociales en la producción de escenarios de riesgo.

La consolidación de modelos monoproductores, la emisión de gases de efecto invernadero; la destrucción de la biodiversidad; el aumento en la tasa de extracción de minerales energéticos y no-energéticos; el acaparamiento de tierras y de agua y la reconfiguración de vastos territorios que van perdiendo su potencial de desarrollo endógeno, tienen un impacto decisivo en diferentes regiones de América Latina.
La significativa alteracion en la composición de la atmósfera supone haber cruzado peligrosamente los umbrales de estabilidad ecológica. A su vez, hace manifiesta la capacidad de los seres humanos para acabar con la vida en la Tierra tal como la conocemos, posibilidad que anteriormente sólo estuvo latente con la proliferación nuclear. Nos encontramos ante el debilitamiento de procesos ambientales que no pueden ser simplemente sustituidos por otros, porque no se puede reinventar la estabilidad del clima. Tampoco es válida la alternativa de buscar otro planeta hacia donde trasladarnos una vez que se agoten definitivamente los ciclos que dan sustento a la vida en la Tierra.
El principal problema reside en los desiguales y conspicuos patrones de consumo y distribución de los recursos: alrededor del 20% de la población mundial (el grupo de más altos ingresos) consume el 77% de todos los bienes y servicios que se producen en el planeta.
Esta voracidad se sostiene por el aumento del extractivismo en los llamados países del tercer mundo. Un flujo creciente de extracción de energía y materiales, vía el mercado internacional, es el mecanismo fundamental para garantizar esos crecientes niveles de consumo en los principales asentamientos urbanos de los países ricos y emergentes.
De 1950 a la fecha, la extracción global de materiales -que ya ronda los 70 mil millones de toneladas al año- aumentó 5,6 veces. Al mismo tiempo, la generación de residuos se incrementó en 5 veces y, puntualmente, los plásticos unas 150. La población creció 2,5 veces y la economía, 37. Por otra parte, entre los años 2000 y 2010, la extracción de minerales se ha prácticamente duplicado a nivel mundial, pasando de 764.000.000 toneladas anuales a 1.551.000.000. 
En diferentes regiones de América Latina esto tiene un impacto decisivo por la consolidación de modelos monoproductores; la emisión de gases de efecto invernadero; la destrucción de la biodiversidad; el aumento en la tasa de extracción de minerales energéticos y no-energéticos; el acaparamiento de tierras y de agua; y la reconfiguración de vastos territorios que van perdiendo su potencial de desarrollo endógeno.
Considerando que son las crecientes tasas de extracción de recursos naturales y la quema de combustibles fósiles las principales causas de la mayor inestabilidad climática, la sostenibilidad global depende más que nunca de un cambio de naturaleza eco-política. 
El cambio climático está estrechamente asociado a los modos de acumulación del capital que definen las tasas y las formas de extracción de los recursos. En ese sentido, es importante considerar diferentes desafíos asociados a los sistemas institucionales y de poder que regulan la propiedad, la distribución y el uso de recursos.

Desafíos eco-políticos
No se trata solamente de una situación que antepone obstáculos para adaptarnos a las leyes que regulan el mundo natural, pues el impacto de la actividad humana sobre la Tierra es tan profundo que es necesario reconocer una nueva época geológica: el antropoceno. Un punto de inflexión donde los cambios son irreversibles y socialmente inducidos. Se trata de un desafío que debe ser enfrentado con ambiciosas políticas de Estado.
Para mitad del siglo XXI, se requiere estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para evitar un aumento en la temperatura por encima de los 2ºC. Es decir, serán necesarios la disminución de los niveles de consumo de las élites, tanto de los países centrales como los emergentes. También, políticas redistributivas de tierra y riquezas en favor de comunidades campesinas, grupos originarios y vastos sectores populares de las periferias empobrecidas de las grandes ciudades.  
Además, es necesario hacer frente a las consecuencias ya inevitables del calentamiento global a través de políticas activas. Es preciso evitar las pérdidas irreparables de vidas humanas, ecosistemas y especies, que ya se están produciendo por alteraciones en los patrones de precipitación y el aumento del nivel de los océanos. Por otra parte, las olas de calor y las sequías afectan las infraestructuras, reducen la capacidad de producir alimentos, refuerzan vulnerabilidades ya existentes y aumentan el riesgo de conflictos derivados de la escasez de recursos. No actuar oportunamente supone incrementar el nivel de riesgo para las generaciones futuras.
Asimismo, en tanto este fenómeno trasciende las fronteras, la construcción de políticas nacionales requiere establecer acuerdos internacionales justos y efectivos. Porque ningún país puede asumir compromisos independientemente de las agendas y perspectivas contrapuestas que están involucradas. La decisión del presidente de Estados Unidos -el segundo país emisor de gases contaminantes- de abandonar el Acuerdo de París, constituye una señal preocupante. Si no actuamos rápido y coordinadamente para oponer fuerzas políticas a estas decisiones, se plantean escenarios globales de mayor desigualdad. Escenarios caracterizados por la construcción de un mundo fortaleza dentro de un planeta polarizado, compuesto por los grupos y países de la élite, y una mayoría empobrecida y excluida.
Finalmente,es importante considerar que estamos ante un problema de justicia ambiental; o, si preferimos, de justicia climática. La  mayor parte de las ciudades y de los países que enfrentan los mayores riesgos generados por los efectos negativos del cambio climático son aquellos cuyas contribuciones a la generación de gases de efecto invernadero son insignificantes. Se podrían dar diferentes ejemplos de ciudades africanas como Alejandría o Lagos que están localizadas sobre la costa y que padecerán los efectos del incremento de los niveles del mar, es decir serán sometidas a mayores procesos de inundación. Sin embargo su contribución a la emisión promedio de dióxido de carbono per cápita es insignificante. Al mismo tiempo es ampliamente conocido que los desastres afectan en mayor proporción a los más pobres y a los grupos más vulnerables que, a su vez, tienen menor influencia política.
Por lo tanto las medidas de inversión en infraestructura y políticas sociales para los más desaventajados deben ser consideradas como un bien público. Se requiere disminuir las brechas de desigualdad entre grupos sociales y entre países.

Las múltiples escalas del problema. No subimos todos al mismo bote.
No se puede desconocer que la necesidad de implementar acciones urgentes para estabilizar emisiones en las próximas décadas ocurre en un contexto caracterizado por una cultura de hiperconsumo y la predominancia de un modelo de desarrollo en el que crecimiento económico, la competitividad y la expansión de la frontera extractiva dejan poco espacio para políticas que promuevan la justicia ambiental. Por esa razón, los discursos dominantes sobre el cambio climático están atados a coaliciones que sostienen el enfoque de la modernización ecológica. 
Desde esta perspectiva, las propuestas apuntan a lograr compromisos del tipo ganador/ganador en términos de alinear el crecimiento económico con opciones tecnológicas y mecanismos financieros que sostengan la economía verde. En estos enfoques se insiste en pensar el problema en términos de cambio cultural o como una cuestión de concientización ambiental.  Con ello, se busca tipificar el problema en términos ideológicos, resaltando el aspecto global del problema, desconociendo sus implicancias en múltiples escalas, e invisibilizando las responsabilidades de ciertos grupos sociales en la generación de impactos devastadores sobre otras clases más desventajadas.
En los discursos que plantean que somos todos igualmente responsables o en los que se evita identificar las responsabilidades políticas que tiene el Estado en la regulación de las actividades económicas, lo que finalmente se hace, es ocultar las múltiples causas de las catástrofes inducidas por el clima.
Dos inundaciones ocurridas en Argentina dejan en evidencia las diferentes formas en que la falta de políticas estatales, o el “dejar hacer” a los grupos económicos, genera impactos acumulativos de riesgo sobre las clases más desventajadas en términos económicos, políticos y ambientales.

Inundaciones en la provincia de Buenos Aires
Las catástrofes ambientales, como las inundaciones de varias zonas de la Provincia de Buenos Aires, se caracterizan por tener múltiples causas y responsabilidades diferenciadas.  Mientras los bonaerenses sufren pérdidas económicas y experimentan la devastación que deja el agua a su paso, hay cuatro aspectos de naturaleza eco-política que es importante considerar:
1) Las consecuencias ambientales del modelo de los agronegocios, que comenzó en la década de los 90 y que se sustenta en la máxima explotación posible de un único commodity de alto valor en el mercado internacional: la soja. Este monocultivo consume apenas entre 400 y 600 milímetros de agua/año/hectárea a diferencia de las pasturas y los bosques nativos que absorben mayor cantidad de agua (entre 800 y hasta 2200 mm de agua/año hectárea en el caso de los bosques).
2) El avance de la construcción de barrios sobre humedales, cuyo mayor énfasis se dio en este siglo, aspecto que marca la importancia que tiene el mercado inmobiliario en la construcción de escenarios de riesgo.
3) La construcción de canales clandestinos por parte de actores económicos más poderosos quienes, sin autorización oficial,  buscan mitigar la presión que el agua genera en campos cultivados y, de este modo, favorecen la inundación de zonas linderas, afectando a grupos más vulnerables.
4) La ley de humedales -que obligaría proteger el sistema natural que permite la mitigación de las inundaciones-, ha sido impulsada por las organizaciones de base y grupos ambientalistas, pero no se sancionó. Esto refleja el bajo interés de los grupos que gobiernan en Argentina y en la provincia de Buenos Aires por tomar medidas de carácter estructural y apuntar a una política de planeamiento y ordenamiento ambiental del territorio.
Esta enumeración de naturaleza multicausal -atravesados por los intereses empresariales, el rol de los gobiernos y los conflictos derivados- nos previene de aquellos análisis que utilizan el cambio climático como un argumento fatalista y despolitizado, para encubrir las responsabilidades que le cabe a los diferentes estados en la gestión del riesgo de inundaciones.

Inundaciones en las cuencas del río Reconquista y Matanza-Riachuelo
La Región Metropolitana de Buenos Aires tiene un alto nivel de exposición a riesgos climáticos originados por el aumento en las precipitaciones y por la elevación del nivel del río de la Plata. Aunque los vientos causan las mayores variaciones del nivel del estuario del río de la Plata, los cambios que se prevén en el nivel del mar durante el siglo XXI serán el principal factor del cambio en el nivel medio de las aguas del estuario. Sin embargo, la baja inversión en infraestructuras y la urbanización no planificada son el factor más importante en la construcción del riesgo de inundaciones. 
La mayor vulnerabilidad está en las zonas costeras, especialmente en las cuencas bajas del Reconquista y el Matanza-Riachuelo, allí, donde vive la población de más baja renta, en asentamientos informales, con alta vulnerabilidad sanitaria por baja cobertura de agua potable y cloacas. El vacío en la orientación de la política de suelo urbano para los sectores populares deja expuesta a la población de más baja renta a sufrir las consecuencias de diferentes peligros ambientales.
En la cuenca Matanza Riachuelo unas 500.000 personas viven en áreas inundables y las viviendas están emplazadas en sitios de relleno ganados al río. Cuando llegan las inundaciones se interrumpen las rutinas cotidianas, se pierden días de trabajo, aumenta el riesgo de contraer enfermedades hídricas por el avance de las aguas contaminadas, mientras que los daños a los bienes y viviendas implican incrementos relativos de los niveles de pobreza.
Una política activa de gestión de riesgo de inundaciones debería considerar la provisión de infraestructuras, servicios sociales, educativos y de salud en territorios que tienen, asimismo, un alto crecimiento poblacional. La extensión de las redes de infraestructura sanitaria sería una medida virtuosa que permitiría sanear el curso de agua, mejorar las condiciones de salud de la población y prevenir riesgos futuros mayores. Este ejemplo muestra que el mejor modo de impulsar las denominadas “políticas de adaptación al cambio climático” es aumentando la inversión social en infraestructuras, políticas de producción de suelo urbano para los sectores populares, y medidas redistributivas.

En su parábola de la ética del bote salvavidas, el ecólogo Garret Hardin especulaba con una situación futura, aunque  previsible, en la que la nave tierra debería elegir a quién asignar los pocos lugares disponibles en los botes salvavidas, debido a un crecimiento incontrolable de la población. Hardin sostiene que sería lógico reservar esos espacios a aquellos que tengan acumulado mayor nivel de tecnología y avances “civilizatorios”; es decir, los habitantes de los países industrializados. Las poblaciones menos productivas, en cambio, deberían ser dejadas de lado.
La resistencia de las élites a asumir medidas redistributivas y políticas activas para enfrentar el cambio climático indicaría que esta ética perversa es la que funciona como principio organizador del orden económico mundial, una lógica que tiene graves consecuencias en diferentes regiones del tercer mundo. Ya sea en las comunidades pobres de Santo Domingo; en las zonas ya desertificadas de África; en los barrios populares de la cuenca Matanza-Riachuelo; o en los sitios inundados de las regiones más ricas de la provincia de Buenos Aires, el problema que se presenta es que son los grupos de menos renta los que tienen que sufrir las consecuencias más gravosas de las decisiones tomadas por las elites económicas. 
La encrucijada ecopolítica nos reclama un cambio concreto del sistema de producción y reproducción de la humanidad.  Para ello, se requiere fortalecer los territorios, defender las comunidades políticamente activas, mantener formas de economía basadas en la reciprocidad y reconstruir la democracia desde las bases. Se trata de un proyecto que enlaza modos de vida y bienes comunes. 

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[*] Gabriela Merlinsky - es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Doctora en Geografía (Paris VIII). Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Coordinadora del Grupo de Estudios Ambientales (GEA) Área de Estudios. Integrante del Grupo de Trabajo de CLACSO Ecología política.

 
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