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Informe Cataluña
  Nº 17 - Septiembre 2017
 
El referéndum de autodeterminación de Cataluña
Joan Martínez Alier [*]
Nº 17/1 - Septiembre 2017

El 6 de septiembre de este año, una ley del Parlamento de Cataluña -aprobada por 72 votos a favor, 11 abstenciones y 52 ausentes en protesta-, estableció que el 1 de octubre de 2017 se celebrará un referendum para responder Sí o No ante la pregunta: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República? Pocos días antes del 1 de octubre no sabemos qué pueda pasar.

La razón principal de la negativa del gobierno español a que se celebre el referéndum y de la gran presencia policial para evitarlo, es el temor a que gane el Sí. La segunda razón es que, incluso aunque ganara la suma del No y de la Abstención política, el refréndum sería un precedente de ejercicio del derecho de autodeterminación.

Desde luego este referéndum no es una ocurrencia repentina. Sin remontarse más atrás de ochenta años, hay que recordar que el president de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys (que lo fue desde 1936 al final de la Guerra Civil) fue fusilado por Franco en 1940 tras ser entregado desde su exilio en Francia a España por la Gestapo. Uno de los tantos muertos, pero de gran significación política.

Cataluña, cuya máxima autoridad era el Capitán General de la Cuarta Región Militar, fue un país ocupado militarmente desde 1939 hasta la muerte de Franco en 1975. Después, con la Transición, se recuperó un régimen autonómico, que hizo crisis en 2010 cuando un nuevo Estatuto de Autonomía aprobado por el Parlamento de Catalunya por muy amplia mayoría, “cepillado” en varios puntos por el Congreso español y finalmento refrendado en votación en Cataluña, fue “laminado” y racticamente destruído por el Tribunal Constitucional. La primera gran manifestación de protesta y reclamo de independencia fue en 2010, y se han sucedido otras muchas desde entonces, con millones de personas en las calles cada año el 11 de septiembre, fecha que conmemora la derrota de 1714.

El Tribunal Constitucional español es nombrado según afiliaciones políticas, lo que ocurre también en otros países. Está muy sesgado hacia el PP (Partido Popular) y PSOE. En 2017, esa politización excluye al amplio sector del partido politico Podemos (con 20% del voto en España) y también a la minorías nacionalistas catalana y vasca (en conjunto con otro 8 % del voto en España). Es decir, si el Tribunal Constitucional fuera politicamente representativo tendría al menos una cuarta parte de jueces favorable a que Cataluña se pueda celebrar un referéndum o consulta sobre la independencia (como sucedió en Quebec o Escocia) porque esa es la posición de Podemos y de los partidos catalanes y vascos. Es decir, tres jueces de los doce. Y sin embargo hoy en día no tiene ni un solo juez favorable a una solución como la de Escocia o Quebec. Y el gobierno se ampara en este Tribunal Constitucional, cada vez más desacreditado en Cataluña.

El Tribunal Constitucional es por unanimidad de sus miembros el ariete de la arremetida del Estado español contra la ley catalana del 6 de septiembre 2017; también, contra el Estatuto de Autonomía de 2010 y la consulta popular que se logró realizar el 9 de noviembre de 2014, cuyos organizadores han sido perseguidos posteriormente. Sus decisiones permitieron inhabilitar a importantes políticos catalanes (de centro-derecha nacionalista), ha puesto multas enormes y se apronta a apoyar la inhabilitación y, posiblemente, el encarcelamiento de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; también, del vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras (de Esquerra Republicana, el partido de Lluís Companys); y de Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat. Todo eso con el aplauso e impulso del gobierno y el Congreso español bajo la batuta del PP, y el apoyo de otros dos partidos españoles, el PSOE y Ciudadanos. Bajo el disfraz del respeto a la Constitución Española de 1978 - escrita todavía bajo vigilancia de los militares franquistas.

España, sin Cataluña, tiene unos 41 millones de habitantes, Cataluña algo más de 7. En una confrontación violenta, el partido no sería como un Madrid-Barça de resultado incierto. El resultado sería una derrota catalana como ya la hubo hace 300 años en 1714. La no-violencia catalana se explica por esta asimetría de poder militar y también por la fuerte influencia de gente de bien de inspiración gandhiana (desde el senador Xirinacs en la década de 1970 a católicos de izquierda como Arcadi Oliveras).

En mi opinión, además está influida por el fin de la violencia de ETA en el País Vasco hace ya cinco o seis años. Una violencia que sirvió de excusa para la violencia legal e ilegal del Estado español, una violencia que fue cruel y políticamente contraproducente. La paz en Euskadi, la crisis económica, los siglos de historia, la defensa del idioma, las memorias amargas del franquismo, todos son factores que ayudan a explicar la rebeldía actual en Cataluña. El PP en Cataluña tiene apenas 10 por ciento de los votos; en España tiene más del 30 por ciento. El sistema de partidos politicos en Cataluña es bien distinto al de España, como ya lo fue en la década de 1930. Los principales partidos políticos catalanes no son "sucursalistas" (como se dice aquí); son de obediencia catalana. En eso nos parecemos también a Escocia y el Quebec.

Hay muchos policías y muchos jueces españoles en Cataluña que quieren impedir el referéndum por la fuerza. Pero hay un doble poder en este momento, donde la Generalitat de Catalunya conserva su gobierno y su parlamento, aunque su hacienda pública ha sido intervenida desde Madrid. Una gran mayoría de alcaldes están a favor del referéndum. Los estudiantes de las universidades irán en mayoría a una huelga los días 28 y 29, y ponen locales universitarios a disposición de la organización del referéndum. Las encuestas de opinion daban hace un mes hasta un 65 por ciento de participación en el referéndum (con bastante abstención de protesta), y mayorías de 60 o 70 por ciento por el Sí entre los votantes. El gobierno español cierra continuamente páginas web, no solo del gobierno catalán, sino de grupos de la sociedad civil, que son reabiertas inmediatamente con otros nombres. A pesar de la censura, todos sabemos cuáles son los locales dónde nos toca ir a votar el dÍa 1 de octubre, y estamos imprimiendo en casa u oficinas las papeletas de votación.

No está claro de qué lado se pondrá la policía catalana (que lleva el antiguo nombre de Mossos d’Esquadra y es un cuerpo de unos 15,000 policías). No cabe duda de qué lado se pondrá el contingente cada día más numeroso, con aires invasores, de policías y guardias civiles (militarizados) que están llegando de España, tal vez unos diez mil, dispuestos a impedir por la fuerza que se celebre el referÉndum. El ejército como tal, por ahora no dice nada.

Hasta ahora no habido violencia y esperemos que no vaya a haberla. “Sólo” ha habido la violencia de la detención por dos días de 14 altos cargo de la Generalitat acusados de graves delitos, posiblemente de sedición: presos políticos, por cuya liberación el miércoles 21 de septiembre se manifestaron decenas de miles de personas en las calles de Barcelona. "Sólo" ha habido violencia en los llamados obligatorios por parte de los jueces a los alcaldes a presentarse ante ellos, bajo peligro de ser detenidos y conducidos por la policía, para declarar si iban a cumplir la norma de no colaboración con el referéndum. Muchos alcaldes no han acatado esos llamados, son presos políticos en ciernes.

Cada día trae nuevas caceroladas a las 10 de la noche y también sorpresas de parte de las autoridades españolas que, desde hoy exigen, que la policía armada evite no solamente la votación en los miles de lugares designados (ordenando que sean precintados por la policía ya el sábado 30 de septiembre), sino que debe evitar también que la votación se pueda producir en la calle, en las plazas, en los parques o en el campo; al menos en un radio de 100 metros de cada local designado para la votación. Pues, entonces iremos el sábado por la tarde o domingo de madrugada a desprecintar los locales si podemos. Si hace falta votaremos y protegeremos nuestros votos a los 110 metros (a menos que ya caigamos en otro círculo prohibido de 100 metros de radio). Sin violencia.

Los próximos cuatro días, hasta el domingo por la tarde, serán interesantes. Pero no llevarán a una conclusion. Pienso que la amenazante presencia policial hará imposible realizar un referéndum homologable a los de Escocia o Quebec. Mucha gente no podrá votar, tendrá miedo. O las urnas con votos serán confiscadas por la policía. La alternativa, de lado catalán, será entonces triple: inmediata declaración unilateral de independencia por el Parlamento, o anuncio de que el referéndum se hará otra vez en las proxímas semanas si hay condiciones, mejor antes de la Navidad (el 12 de octubre por ejemplo), o elecciones plebiscitarias al Parlamento de Catalunya. Del lado español, las alternativas pueden ser celebrar sin más la histórica derrota de los separatistas y esperar acontecimientos, o abrir una negociación política (por ejemplo, ofrecer una mejora sustancial del Estatuto de Autonomía y blindarla frente al Tribunal Constitucional), o la abolición de la autonomía actual y el encarcelamiento de los líderes polítcos catalanes acusados de "sedición".

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[*] Joan Martínez Alier  - es economista. Catedrático de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Integrante del Grupo de Trabajo de CLACSO Ecología Política. Pertenece a Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador-FLACSO

 
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