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Los laberintos de la memoria en latinoamérica
  Nº 16 - Septiembre 2017
 
La memoria en las calles: de la lucha contra la dictadura al reclamo por la desaparición forzada de Santiago Maldonado
Sandra Raggio [*]
Nº 16/4 - Septiembre 2017

En la Argentina, las luchas por la memoria no pueden disociarse de los procesos de democratización de la sociedad, durante la dictadura y en la larga post dictadura. El discurso de los derechos humanos, como forma de enmarcamiento de agravios, violencias e injusticias, -es decir, como modo de mirar la realidad y construir agenda-, se terminó de conformar durante la última dictadura argentina. Y, aún hoy, ocupa un lugar central en la escena política. Esta presencia, también ha transitado por diversos estados de relación con los distintos gobiernos y periodos, pero no ha dejado de estar presente, incluso, en momentos de fuerte regresión en materia de derechos.

A mediados de los años 70, la emergencia del movimiento de derechos humanos se inscribe en la misma dinámica, y activa la configuración de un campo de intervención política y social con repertorios nuevos, tanto en el plano de las acciones colectivas como en su dimensión narrativa. La presencia de los derechos humanos y de la memoria ha definido los límites y posibilidades de la democracia, tanto sus mínimos -reaseguro de las garantías y libertades individuales-, como en el horizonte de expectativas de más conquistas de derechos.

Para introducir la idea de otro modo: la dictadura militar como acontecimiento vivo en continuo estado de resignificación -es decir como memoria(s), como “pasado que no pasa” en términos de Henry Rousso, o como imposible de “normalizar” según Elizabeth Jelin- se ha sostenido. Inclusive, durante los gobiernos que tuvieron la intención política de provocar “la pacificación”, “dar vuelta la página de la historia”, “superar el pasado”, “mirar hacia adelante”, u otras tantas formas de expresar semánticamente los distintos ensayos de amnistía.
Intentos que tuvieron una expresión normativa que reveló la intencionalidad de clausurar el pasado de manera definitiva. La denominada Ley de Pacificación Nacional o de autoamnistía, que la dictadura sancionó en 1983, pretendió extinguir la acción penal del Estado por los “delitos de terrorismo”. Sobre todo, por los que emanaron de las acciones desplegadas para prevenirlos, conjurarlos o combatirlos, cometidos entre el 25 de mayo de 1973 (asunción del gobierno peronista de Héctor José Cámpora) hasta el 17 de junio de 1982 (renuncia de Leopoldo Fortunato Galtieri y caída de la última Junta Militar).  Así, lo pretendieron también las denominadas “leyes de impunidad” -Punto Final en 1986 y Obediencia Debida en 1987- durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y los indultos presidenciales durante el gobierno de Carlos Menem.
Vale destacar que todos estos momentos estuvieron signados por políticas regresivas en materia de derechos económicos y sociales, y de vulneración de las garantías constitucionales. No vamos a abundar en lo que significó la dictadura en estos términos, pero sí es importante señalar que el ciclo de las amnistías, en materia de crímenes de lesa humanidad en democracia, se dieron mientras se desarrollaba una profunda crisis económica que acabó en la hiperinflación de 1989, y abrió al periodo de reformas neoliberales que culminó en el año 2001, alcanzando índices de desocupación y pobreza récords en nuestro país.
Entre 1986 y 2001, si bien no estuvieron ausentes las políticas reparatorias en materia de derechos humanos ligadas con los crímenes de la dictadura, las políticas de memoria, con claridad, se orientaron a desalojar al acontecimiento-emblema “dictadura militar” de la escena política diseñada desde las agencias estatales.  Lo notable fue  que lejos de provocar su retiro, lo que generó  fue su desplazamiento y resignificación, adquiriendo aún más potencia.
En los 90, la dictadura, la memoria de los desaparecidos y los actores claves del movimiento de derechos humanos fueron parte de las escenas de  resistencia a las políticas neoliberales. Es decir, la política de la memoria fue constituyéndose  en las calles al calor de sus distintos combates.
Al mismo tiempo, implicó múltiples reconfiguraciones narrativas. Por un lado, la representación dominante de los desparecidos durante buena parte de los 80 había estado construida sobre la figura de la víctima;  en los 90 tomó fuerza la figura del militante, resistente a la dictadura y a sus políticas liberales, encarnadas en la figura y el programa de su primer ministro de economía José Martínez de Hoz. En segundo lugar, la narrativa de los derechos humanos amplió su capacidad de denunciar agravios, yendo más allá de los asociados a las garantías y libertades individuales, para inscribirse en las demandas colectivas por los derechos sociales y económicos.  Por último, en las escenas de la protesta callejera, la presencia de los referentes históricos del movimiento de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y líderes como Adolfo Pérez Esquivel,  no estuvo ligada exclusivamente al reclamo por los crímenes de la dictadura sino a la agenda de demandas contra el modelo neoliberal y sus consecuencias. 
Su presencia estuvo en múltiples iniciativas que configuraron la protesta en los años 90, como las Marchas Federales, el Movimiento Nacional de los niños del Pueblo, en la constitución del FRENAPO-  el Frente Nacional contra la Pobreza -  entre tantos.  En las jornadas de protesta en diciembre de 2001 estos mismos referentes estuvieron en el centro de las protestas intentando frenar la arremetida represiva. Ya es un  ícono de aquellos días la foto de la policía montada reprimiendo a un grupo de Madres de Playa de Mayo.
A contrapelo, los periodos en los que los gobiernos tuvieron una política activa de memoria y de reparación de los daños producidos por los crímenes de la dictadura -como los primeros años de la presidencia de Raúl Alfonsín y los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner-, coincidieron con fuertes expectativas en cuanto a ampliación de derechos y democratización de la sociedad.  Aclaro, hablo de expectativas.
Ambos periodos, si bien impulsaron avances significativos en materia de derechos -principalmente políticos durante el gobierno de Alfonsín, y sociales durante el periodo kirchnerista (2003-2015)-, ninguno logró superar las brechas de desigualdad que inauguró la dictadura. Al mismo tiempo,  tampoco avanzaron en reformas sustantivas dentro de las fuerzas de seguridad que abolieran prácticas ilegales y sistemáticas que, todadía hoy, siguen vulnerando los derechos humanos de los sectores más pobres. Lejos de erradicarse, adquirieron modalidades diferentes a las de la dictadura, y se hicieron extensivas como modo de control y gobierno de los sectores de la población aún excluidas por el modelo de desarrollo.
Incluso con estas aclaraciones, puede advertirse  que  los ciclos regresivos en materia de derechos de las mayorías, están acompañados por políticas de memoria que pretenden una clausura del pasado en clave de superar las antinomias y enfrentamientos. En post de “la pacificación”, como enunciaba la dictadura; “la reconciliación”, como lo hizo el menemismo; o “el diálogo”, en términos del actual gestión Cambiemos.
La Argentina de hoy se inscribe en estos ciclos regresivos. Las decisiones en materia de política económica implicaron un deterioro de la capacidad adquisitiva del salario, pérdidas de fuentes de trabajo y aumento de la pobreza, para dar cuenta de algunos indicadores. Al mismo tiempo, se han extendido los operativos de represión a las protestas sociales y se ha profundizado la política de “mano dura” en materia de seguridad. Las reformas a la Ley Nacional de Ejecución de Pena, el régimen de libertades durante el proceso y los Códigos Procesal y Penal modificaron el paradigma central del cumplimiento de la pena, lo que  generará -en el corto plazo- un aumento de la población carcelaria, que ya viene en alza alcanzando los índices de encarcelamiento más altos de la historia. La tendencia punitivista ha alcanzado también a la política migratoria que habilita la deportación a migrantes sin estatus de residentes por tener antecedentes penales. Una medida que quiebra la tendencia progresiva de la ley de migraciones vigente, que había logrado cambiar el paradigma de la dictadura militar.  
Sin bien el gobierno de Cambiemos no ha presentado ninguna iniciativa legislativa para detener los procesos penales por los crímenes de lesa humanidad, y continúan las políticas de memoria implementadas por el gobierno anterior -como los archivos de la memoria y los sitios de memoria-, ha habido algunos cambios significativos. El más notorio ha sido el alejamiento de los organismos de derechos humanos. Distanciamiento que se ha expresado en el recorte de los subsidios que les otorgaba el gobierno de Cristina Kirchner; el apartamiento en puestos claves de la gestión estatal de miembros de organismos de derechos humanos; y la legitimación de grupos de extrema derecha, que reivindican a los militares y proclaman reconocimiento y políticas reparatorias para las víctimas de las organizaciones armadas. También, un retorno en el discurso oficial de la denominada “teoría de los dos demonios”, sostenidas en los años 80.
Esta distancia ha implicado un desplazamiento de la acción de los organismos  de la esfera pública, ligada a la acción estatal, hacia la protesta  en sus diversas modalidades. Tres  hitos marcan el momento. En primer lugar, la marcha del 24 de marzo de 2017, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, donde el conglomerado de organismos que estuvieron más próximos al gobierno kirchnerista presentaron un duro documento contra la gestión del presidente Mauricio Macri. En segundo lugar, la masiva movilización contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia por la aplicación del cómputo de la pena de  2 años por 1 para criminales de lesa humanidad.  Por último, la desaparición forzada  de Santiago Maldonado que tiene una amplia repercusión en todo el país y en el exterior, y ha llevado a un enfrentamiento entre el gobierno y el pleno de los organismos de derechos humanos.
Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 en el marco de un operativo represivo de Gendarmería nacional en el Lof en Resistencia de Cushamen, provincia de Chubut. Estaba allí en solidarización con la comunidad mapuche que, desde hace más de dos años, ha ocupado tierras de Benetton reclamando derechos ancestrales. En particular, ese día protestaban por la liberación del Lonko Facundo Jones Huala, preso por el pedido de extradición desde Chile, que ya había sido denegada en un juicio anterior.
Más allá de las particularidades del hecho, gravísimo para la democracia argentina, quisiera detenerme en la enorme gravitación que el movimiento histórico de derechos humanos está tendiendo en la denuncia del caso, en la activación de la movilización popular, y en la investigación judicial. El movimiento está haciendo uso de todos sus repertorios de acción como movimiento social, que en gran medida habían quedado aletargados durante la gestión kirchnerista. Esto ha tenido excepciones no menores como Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo) y Adolfo Perez Esquivel, que se mantuvieron críticos durante y con los gobiernos kirchneristas. Ambos referentes hoy lideran el reclamo por Maldonado, en gran medida porque son parte de la Comisión por la Memoria, un organismo público autárquico con un amplio staff y recursos, que le ha permitido intervenir desde las primeras horas de la desaparición presentando el primer habeas corpus y siendo querellante en la causa. Como luego, también, lo hicieron el Centro de Estudios Legales y sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Es, hoy, el movimiento de derechos humanos la punta de lanza de confrontación con el gobierno y vertebrador de un amplio espectro de la ciudadanía que se nuclea e identifica en estas referencias. Lo cual da cuenta que los procesos de memoria no solo son trabajos ligados a la elaboración y reparación de hechos traumáticos pasados, sino, que han ido configurado un campo de intervención y de disputa política propias de la democracia, renovando sus agendas y planteando sus desafíos para ensanchar las expectativas en la defensa y conquista de derechos. En definitiva, en Argentina, memoria, derechos humanos y democracia están íntimamente ligados.

 

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[*] Sandra Raggio - es Profesora en Historia y Magister en Ciencias Sociales (UNLP). Docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP y de la UNAJ. Coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO Derechos Humanos, luchas y territorialidades

 

 
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