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México. Reforma Educativa en debate
  Nº 12 - Enero 2017
 
REFORMA EDUCATIVA Y VIOLENCIA ESTRUCTURAL EN MÉXICO.
CLAVES PARA COMPRENDER LA REVUELTA DE NOCHIXTLÁN Y LA INSURRECCIÓN OAXAQUEÑA.
Por Juan Carlos Martínez [*]
Nº 12/3 - Enero 2017

En México existe un consenso: su sistema educativo atraviesa una profunda crisis, no obstante, las salidas falsas, o al menos limitadas y autoritarias que ha impulsado el gobierno federal, han generado una crispación social que ha movilizado al magisterio nacional, sobre todo en los estados del sur del país y se han sumado a la inconformidad importantes sectores de la sociedad civil.

Según el ranking mundial de inclusión educativa de la UNESCO, México ocupa el lugar 55 y de acuerdo con los datos de la misma entidad internacional, en México 34 millones de estudiantes tienen algún tipo de rezago educativo, es un país con 7 millones de analfabetos y cerca de 1.4 millones de niños no asisten a la escuela.

Los datos son alarmantes y las causas diversas, entre ellas se pueden mencionar la falta de cobertura del sistema escolar, el desfase entre los programas educativos y la realidad del país, el rezago en la innovación pedagógica, la mala preparación de los maestros y la escasa inversión pública en su formación, las abismales desigualdades de infraestructura y recursos entre las escuelas de regiones ricas y las escuelas de regiones pobres, un sindicalismo obsoleto y corrupto, pero sobre todo la lastimosa desigualdad económica que define a México y que imposibilita a millones de niños mantenerse en las aulas, que dificulta su desempeño escolar y que los somete a una infraestructura e insumos en situación deplorable. Se sabe que las personas pobres no reciben educación, que desertarán de la escuela, que reciben la educación de peor calidad, y que formarán parte de un ignominioso círculo vicioso de injusticia, cuando esta mala educación acabe reproduciendo inevitablemente la situación de pobreza que heredaron de sus padres y de un sistema que los excluye.

Ahora bien, el pésimo desempeño educativo del país ha servido para que el actual gobierno mexicano justifique un paquete de reformas laborales dirigidas al magisterio, a quien responsabilizan de todo el fracaso educativo en el país. Este conjunto de reformas constitucionales, legales y administrativas para desmontar el sindicalismo magisterial, precarizar las condiciones de trabajo de los docentes, evaluarlos periódicamente sin darles insumos para elevar la calidad de su formación y con ello eliminar cualquier resistencia a la previsible privatización del sector, es lo que eufemísticamente el gobierno ha llamado“reforma educativa”. Este paquete se suma a otro conjunto de reformas impulsadas en los últimos años y que ayudan a comprender el creciente descontento social y la crispación ante el fenómeno de represión que empezó a sufrir la disidencia magisterial. Vale la pena hacer un breve repaso a las reformas estructurales impulsadas por el actual presidente Enrique Peña Nieto, porque a esta alturas, para la mayoría es evidente que el modelo político-económico que han venido impulsando desde hace más de 30 años los gobiernos neoliberales de México, profundizan la desigualdad económica que vive el país y se ligan a una espiral de creciente violencia y descomposición.

Las reformas impulsadas por el actual gobierno de México tienen un balance negativo del que daremos apenas un soslayo. El periplo inició con una reforma laboral y una reforma sobre competencia económica, que han precarizado el empleo, pero no han incrementado el crecimiento económico. Siguió con una reforma sobre transparencia, y más recientemente una limitada reforma anticorrupción, que sin duda no la han disminuido, ni imponen claros candados para que la corrupción se siga dando, y mucho menos ha logrado frenar el descontento social que surge de impactantes casos de conflicto de interés, ligas entre el poder político y el crimen organizado y el enriquecimiento inexplicable de centenas de funcionarios públicos. Se aprobaron un nuevo código penal y una nueva ley de amparo que sin embargo no han disminuido la actuación de los carteles de la droga y otras formas de delincuencia organizada, así como un creciente número de desaparecidos y una visible manifestación de todo tipo de violencias, a contrario sensu, la principales organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, reportan un aumento de las violaciones y un enrarecido clima de represión, feminicidio, homicidios y persecución contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Otras reformas que se han dado es una en telecomunicaciones, que sin embargo no ha logrado disminuir los poderes fácticos de las grandes televisoras, que ha permitido censura y persecución contra periodistas independientes y críticos y el cierre de centenas de radios comunitarias de los pueblos indígenas y otros sectores rurales y populares, eso sí, bajaron los inmorales precios de la telefonía celular en México. Se aprobó también una reforma fiscal que ha incrementado la recaudación impositiva y el control sobre los contribuyentes, pero no es progresiva, sus principales aportes vienen de los ciudadanos con ingresos medios y no las grandes empresas, es a los primeros toca llenar los vacíos que arroja la caída de los precios del petróleo y a las grandes empresas corresponde hacer negocios corruptos con los altos funcionarios del gobierno. En este periodo se aprobó también una reforma político electoral que centraliza la organización y auditoría de las elecciones locales y formaliza la reelección de legisladores que en México estuvo prohibida desde principios del siglo XX, no obstante a juicio de los propios partidos esta reforma no garantiza comicios y campañas más limpias. Por último, la joya de la corona es una reforma energética que privatiza todos los recursos y empresas en la materia que aún estaban bajo la soberanía del Estado y otorga plenos poderes a los grandes capitales internacionales para apropiarse de las tierras, los territorios, los recursos naturales que están en posesión de las comunidades, particularmente indígenas.

En este contexto de grandes cambios y también grandes afectaciones a los intereses de muchos sectores de la sociedad, lo que hace particular a la “reforma educativa”, es que es la única que podido ser resistida de forma sistemática y organizada. Si bien es claro que tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), totalmente vinculado al gobierno, como la facción disidente y opositora al mismo, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), son estructuras corporativas, antidemocráticas y corruptas, esta última ha sido el único grupo organizado que ha logrado hacer que el descontento ante las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, se conviertan en una movilización de alto impacto. Es por ello que la ciudadanía que se viene sumando a las protestas, no lo hace sólo por apoyo a la CNTE, ni siquiera porque tenga plena conciencia del simplismo, los límites y los fines ocultos de la “reforma educativa”, sino porque ha sido la única posibilidad de manifestar su descontento ante una serie de cambios que están afectando la vida y las posibilidades de vida digna de las grandes mayorías, además de los terribles hechos de violencia y corrupción que han cimbrado a la opinión pública pero que no han logrado ser un dique significativo a los proyectos e ineficiencias del gobierno federal.

En este contexto, el 19 de Agosto, las fuerzas policiales de los gobiernos estatal de Oaxaca y federal, realizaron una serie de operativos para desalojar a maestros que se manifestaban —con apoyo de organizaciones sociales y de pobladores de distintas comunidades— en contra de la “reforma educativa” en el poblado mixteco de Nochixtlán, Oaxaca, y que bloqueaban la autopista que comunica a la ciudad de Oaxaca con el centro del país. La acción policial derivó en una inusitada violencia que ha arrojado al menos a diez muertos, decenas de detenidos y un sinnúmero de heridos.

A partir de la fuerte respuesta nacional e internacional contra la criminalización de la protesta magisterial y ciudadana, el gobierno de la república se ha visto en la necesidad de detener sus acciones represivas e iniciar un proceso de “diálogo” con el magisterio, que hasta ahora no ha tenido resultados visibles, pues existe un claro empeño gubernamental por mantener la “reforma educativa” en sus términos. Lo que se ha mantenido es una fuerte campaña de desinformación y acoso contra el movimiento por parte de los grandes medios de comunicación y una fuerte presencia del ejército y la policía federal en Oaxaca. Por otro lado, existe el riesgo patente de que en este contexto, el gobierno encuentre alternativas para corromper a los líderes del magisterio y el sindicato acabe dando la espalda a la solidaridad que ha suscitado entre una ciudadanía agraviada e indignada, cabe señalar que esto ya pasó en el año 2006, cuando la indignación popular contra el entonces gobernador también se unió a la protesta magisterial.

El balance que podemos hacer es que en México los estallidos sociales de pequeña escala se seguirán dando en tanto las condiciones de violencia y corrupción que priman en la actualidad no se modifiquen. A cada momento surgen hechos que parecen incendiar a la nación, que sin embargo suelen perder intensidad al paso del tiempo. La situación terrible de la educación y sus consecuencias para la reproducción de la desigualdad y la injusticia, son un símbolo de la descomposición que vive México. La respuesta simulada y represiva del gobierno hace que la crispación aumente y que salgan a flote otras cuentas pendientes que tiene con la sociedad. Aunque los líderes del magisterio no son un actor confiable y ético, son en la actualidad la única agrupación con capacidad de respuesta efectiva ante el gobierno.

En México existe una falta de movimientos sociales amplios, cohesionados y decididos a tomar medidas fuertes de confrontación a los poderes estatales y fácticos. En esta situación de mucho descontento y poca organización, las esperanzas que puede suscitar una reacción como la que ha tenido la sociedad oaxaqueña en las últimas semanas, debe ser cultivadas con acciones de pequeña escala que favorezcan la autonomía de los espacios civiles y fundarlas en territorios que permitan hacer visibles y concretas sus propuesta de vida distinta a los modelos de capitalismo impuesto. Sin duda en Oaxaca estas otras expresiones de “vida buena”, se deben a la presencia vigorosa de milenarias culturas indígenas. En un segundo momento, los proyectos de pequeña escala que en buena medida ya están en curso, tendrían que ser ligados con proyectos políticos y económicos de más lago aliento y mayor alcance que cohesionen a una sociedad agraviada pero inerme.

 



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[*] Juan Carlos Martínez es doctor en Antropología Social y licenciado en Derecho. Profesor investigador del CIESAS y catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue coordinador del grupo de trabajo de CLACSO sobre Pluralismo Jurídico en América Latina.

(Artículo escrito en julio de 2016)


 
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